Dicen

Así lo he leído, que, algunos profesores de la Universidad Vasca, emigran hacia lugares más tranquilos. Dicen que, cuando José María Aznar pisó la Universidad de Barcelona, la policía entró y desalojó a estudiantes, y profesores, sin ningún tipo de contemplaciones. Dice, el Defensor del Pueblo Andaluz, que la carga policial que tuvo lugar en Almería contra los inmigrantes que pretendían regularizar su situación, y su posterior expulsión, nada tuvo que ver con el respeto a los derechos humanos.

Dicen que, todos los universitarios vascos, acaban sus carreras con la misma tranquilidad, que el profesorado no sumiso gana cuando huye hacia otros Estados. Dicen que la policía que entró a saco en la Universidad, y la que se despachó a gusto en Almería, sigue siendo tan policía como Torres sigue siendo Hurtado.

Claro que, puestos a decir, a mi también se me ocurre decir, que no parece que la ineficacia, el silencio, la injusticia, y la irresponsabilidad de quiénes ejercen el poder, en muchas de sus manifestaciones, se pueda ocultar a costa de las espaldas de un grupo de universitarios. Sobre todo, cuando en la Universidad andaluza, la libertad de cátedra se respeta día a día, y por sus calles se pasea con la misma tranquilidad que circulan sus autobuses.

Tal vez sea el momento de actuar con generosidad. En la Tercera Partida se lee que justicia y bondad van de la mano. Este encuentro debería servir para impedir que, un grupo de jóvenes, se pudra para siempre en sus aspiraciones, por un comportamiento, que, aunque tenga relevancia penal, sólo ha causado daños, y alterado la tranquilidad de una Junta.

Identificar, como hace Carrillo Salcedo, este comportamiento con el de Tejero, o solicitar penas de prisión, como ha hecho el Ministerio Fiscal, o mantener detenciones de cuarenta y ocho horas, como ha hecho la policía, es confundir la realidad, y potenciar la exigencia de responsabilidad con quiénes menos se pueden defender. Ni este grupo de universitarios ha intentado subvertir el sistema constitucional; ni ha entrado, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados para cambiar, el Gobierno de la Nación, ni su detención, más allá del tiempo necesario para su identificación, están justificadas en un Estado de Derecho. No son terroristas.