El Consell renueva el Consejo Jurídico Consultivo sin consultar con la oposición y coloca a Ferrando Badía

El Consell modificó ayer de forma unilateral la composición del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), alto órgano de la Generalitat, equivalente al Consejo de Estado, y nombró consejero a Juan Ferrando Badía. La renovación del alto organismo, pendiente desde hace meses y que en teoría tenía que ser consensuada, fue decidida por el PP sin consultar con los socialistas. Y eso después de que el pasado lunes el vicepresidente segundo del Consell, José Joaquín Ripoll, llamara al portavoz del PSPV en las Cortes, Joaquim Puig, para hablar de consenso en torno a la renovación de diversos órganos, entre ellos el Consell Valencià de Cultura.

Ferrando Badía, catedrático emérito de Derecho Político y Constitucional de la Universidad de Valencia y miembro de la secesionista Real Academia de Cultura Valenciana, fue adjunto del Síndic de Greuges. Sustituye en el CJC al magistrado jubilado Miguel Pastor López. Los demás integrantes del CJC, tanto el presidente, Carlos Climent González, como los consejeros Miguel Mira Ribera, Vicente Cuñat Edo y Vicente Garrido Mayol, han sido confirmados.

Puig criticó ayer con dureza la decisión del Consell, que, según dijo es una muestra de la 'capacidad de diálogo' del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. 'Si ésta va a ser la actitud del PP en las negociaciones, no sé para qué nos reunimos el pasado lunes', dijo. Puig recordó que la ley de creación del CJC fue aprobada a finales de 1994 y que el Gobierno del PSPV no nombró a los miembros del organismo por entender que había que hacerlo, por consenso, después de las elecciones autonómicas de 1995. Y así se hizo, aunque el nuevo Consell del PP, según recordó ayer Puig, sólo dejó a los socialistas nombrar a un consejero. 'Ahora no nos han dejado ni uno', apostilló.

El Consell también aprobó el anteproyecto de ley de Derechos e Información al Paciente, que regula el testamento vital y crea el Consejo de Bioética, y dio luz verde al Plan Integral de la Familia e Infancia, que tendrá un presupuesto de 823 millones de euros. Además, aprobó la creación de los primeros cuatro parajes naturales municipales valencianos, figura de protección inédita a los siete años de la aprobación de la Ley de Espacios Naturales Protegidos: Les Rodanes, en Vilamarxant, el Clot de la Mare de Déu, en Burriana, el Racó de Sant Bonaventura-Canalons, en Alcoy, y el Arenal de L'Almorxó, en Petrer.