El PSOE acepta más enmiendas de IU que del PA en el debate final de la ley de Presupuestos

El PSOE aceptó ayer 30 enmiendas de la oposición en la primera jornada del debate final del proyecto de ley de Presupuestos de Andalucía para 2002, que asciende a casi tres billones de pesetas y que será aprobado hoy. De la treintena de modificaciones, 20 fueron presentadas por IU, cuya portavoz, Concha Caballero, no recordaba si quiera cuándo fue la última vez que sus propuestas tuvieron tanto éxito. Caballero lo atribuyó a un 'cambio' de posición del grupo socialista para llegar a un 'cierto clima de consenso social y para aislar' las posiciones políticas PP.

IU ha sido el grupo parlamentario más beneficiado en esta primera sesión del debate de presupuestos al lograr incorporar 20 enmiendas, entre las que destaca una referida al Hospital Militar Vigil de Quiñones de Sevilla por la que la federación de izquierdas ha conseguido consignar en el capítulo de gastos de la Consejería de Salud un montante de 100.000 euros (unos 1.666 millones de pesetas) para la posible transferencias de este centro sanitario al SAS.

El PA, socio del Gobierno andaluz de coalición, consiguió incorporar 10 enmiendas y, según adelantó el PSOE, a lo largo del debate de hoy se les aceptarán un total de doce, a las que hay que sumar las ocho que ya consiguieron sacar adelante en comisión. El PP no vio prosperar niguna de sus enmiendas.

El portavoz socialista Manuel Gracia reconoció que 'se abre una vía de colaboración en sede parlamentaria en el tema presupuestario', aunque rechazó que los socialistas hayan 'buscado el gesto' al aceptar más enmiendas de IU que del PA, su socio de gobierno.

El debate comenzó a primeras horas de la mañana con la discusión de las enmiendas al texto articulado, que fueron rechazadas todas por el PSOE. El diputado del PP Juan Santaella denunció que el texto articulado del proyecto de Ley de Presupuestos de 2002 es el 'envoltorio legal de una política económica incoherente, desordenada en su plantemientos y sin sistema alguno para que el Parlamento pueda hacer un seguimiento' de la misma.

En su opinión, el texto 'provoca una desconexión grande entre las previsiones del gasto y la ejecución real del presupuesto', al tiempo que criticó los fondos destinados a las empresas públicas, 'la novena provincia andaluza', ironizó, al 'llevarse más de 150.000 millones de pesetas año tras año'.

Empresas públicas

Concha Caballero también criticó el escaso control al que están sujetas las empresas públicas y pidió al Gobierno que presente en un plazo máximo de seis mese 'un reglamento de estatuto que garantice el control parlamentario de sus actividades'.

Por el contrario, para el socialista Manuel Gracia, el texto articulado de los presupuestos para 2002 es 'similar' a los anteriores y dijo que, año tras año, se han producido avances 'significativos en la regulación de los mecanismos de control, de información al Parlamento y de participación social', por lo que, en su opinión, 'difícilmente se puede ir más allá sin replantear el modelo institucional en el que nos movemos'.

En el debate sobre las distintas secciones (consejerías), la oposición centró sus críticas en la Consejería de Relaciones Institucionales, que dirige el andalucista Antonio Ortega, la que más crece porcentualmente (68%). El PP propuso que ese incremento se destine al convenio de la Junta con las universidades y consideró 'exagerado' el aumento de personal (27 funcionarios más y seis nuevos altos cargos). Coincidió Antonio Romero (IU), en que no está 'justificado' el 'incremento desmesurado' de la consejería, que la socialista Elena Víboras atribuyó al convenio suscrito por el que se transmitían a la Junta la casa de Blas Infante y la creación del Centro de Estudios Andaluces.

Otra de las secciones que generó más debate fue la de la Consejería de la Presidencia. El popular Rafael Salas criticó, sobre todo, la partida destinada a la RTVA porque 'lo único que difunde es telebasura y propaganda', mientras que Caballero denunció que el presupuesto de este departamento es 'una carta blanca' para Gaspar Zarrías, que ejerce un control 'espectacular'.