Navarra, Andalucía y La Rioja se unen a Cataluña para gravar a los híper

Los Gobiernos de Navarra, La Rioja y Andalucía, siguiendo el ejemplo de la Generalitat de Catalunya, implantarán un nuevo impuesto que grave la actividad de los hipermercados, con el objeto de destinar su importe a la modernización del pequeño comercio en esas comunidades.

Este impuesto ha levantado una gran polémica desde que la Generalitat lo impusiera en noviembre del pasado año. El Gobierno central lo recurrió tres meses después ante el Tribunal Constitucional, el cual acordó su suspensión cautelar en abril pasado, aunque en julio levantó la prohibición, permitiendo su aplicación hasta que decida sobre el fondo del recurso.

El ejemplo de Cataluña lo ha seguido Navarra. Su Parlamento ha aprobado un gravamen de 12 euros (1.997 pesetas) por metro cuadrado comercial para las grandes superficies de más de 2.500 metros cuadrados en Pamplona y su comarca, y a partir de 1.500 metros cuadrados en el resto de la Comunidad, y con el que pretende recaudar unos 1,8 millones de euros al año (300 millones de pesetas). El nuevo impuesto cuenta con la oposición de Unión del Pueblo Navarro (UPN), partido que gobierna la Comunidad.

Otra Comunidad que se ha puesto a trabajar en este sentido ha sido la de La Rioja, cuyo Gobierno ha propuesto un estudio para la viabilidad de un impuesto para las grandes superficies similar a los ya existentes.

Asimismo, y aunque no se trata de un impuesto como el catalán o el navarro, el Gobierno de Andalucía creará una tasa de tres euros (500 pesetas) por metro cuadrado a las grandes superficies comerciales, aunque se pagará al concederse la licencia de apertura. El borrador de este proyecto de ley será remitido a primeros del año próximo al Consejo Andaluz de Municipios. La paternidad de este impuesto se lo han disputado el PSOE y el Partido Andalucista, por entender que es rentable electoralmente.

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) ha criticado abiertamente este impuesto, al igual que la Ley de Comercio de 1996, que, según el gran comercio, se hizo al dictado de CiU, que tiene una amplia base social de pequeño comercio. Juan Arenas, director general de Anged, señala que en toda la Unión Europea no existen precedentes impositivos de este tipo y critica el 'creciente intervencionismo que soporta el sector de la distribución, que puede llegar a hacer inviable la continuidad de algunos establecimientos y desviar inversiones de grandes empresas hacia otros países