Unos vecinos de Málaga reclaman desde 1988 el pago de una expropiación

El Ayuntamiento de Málaga aún no ha ejecutado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le obliga a pagar 41 millones de pesetas a los propietarios de una finca en la barriada de El Perchel que expropió en 1988 por cuatro millones. Aunque la Gerencia aprobó en enero el abono, los afectados siguen sin cobrar, por lo que han anunciado que van a volver a reclamar intereses de demora.

Urbanismo ocupó esta finca en 1988 abonando 755.000 pesetas, y hasta nueve años después no fijó el precio de la parcela en 4.117.231 pesetas. Transcurridos 13 años de litigios y 18 desde la expropiación, el consistorio debe hacer frente a una cantidad que multiplica por 10 la valoración inicial y que incluye 20 millones como intereses de demora; cantidad que va a volver a incrementarse, ya que los afectados han anunciado que reclamarán los nuevos intereses de demora, que superan las 500.000 pesetas.

El inmueble se encontraba en el Pasillo de Guimbarda y se vio afectado por el Plan Especial de Reforma Interior del Perchel Alto, una actuación municipal con financiación autonómica encaminada a rehabilitar el barrio. Luisa Mayoral, miembro de la familia Mayoral Girauta, propietaria del inmueble, asegura que la historia comenzó en el año 1983 cuando se acordó la expropiación de la finca, que aunque no se hizo efectiva hasta cinco años después, les impidió disponer de sus viviendas. Tras 18 años y múltiples litigios judiciales, lograron esta sentencia favorable a sus intereses del alto tribunal andaluz.

En julio de este año, el departamento de expropiaciones citó a los afectados para firmar el acta de pago, pero no realizó las transferencias por motivos burocráticos.

La familia reclamó que el abono se realizara en nueve partes distintas, al tratarse de distintos herederos. Algunos de ellos, residentes en Madrid, llegaron a desplazarse a Málaga para acudir a la cita en Urbanismo, pero terminaron marchándose de vacío.