Auditoría incongruente

Aunque el director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallup, explicó ayer que no se han comprobado irregularidades en el trato fiscal a Gescartera y a las sociedades vinculadas a ella, lo cierto es que hay indicios suficientes de que si no hubo trato de favor, sí se registraron irregularidades que no pueden explicarse suficientemente con el recurso fácil a la 'mínima ineficacia' existente en todo proceso administrativo. Resulta que Hacienda aparcó cuatro inspecciones abiertas a Gescartera -en lo que el director de la Agencia llamó crípticamente nivel 1, es decir, la propia Gescartera, las empresas del grupo y los dos socios mayoritarios, Antonio Camacho y su padre- de las 11 que se abrieron a ese nivel. La explicación autoexculpatoria que dio ayer el director de la Agencia Tributaria encaja mal en un contexto de connivencias, tratos de favor y conductas inexplicadas, como las que hasta ahora han salido a la luz en el comportamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las explicaciones ofrecidas por Ruiz Gallup no satisfacen los niveles que debe cumplir la información de los organismos públicos en una sociedad democrática. Según su exposición, 'hemos investigado todo y no hemos encontrado irregularidades', pues 'todos dicen no haber recibido instrucciones de hacer o de no hacer'. Pobre auditoría es aquella cuyas conclusiones parecen estar sustentadas únicamente en las declaraciones de la parte interrogada. Algo falla en los procedimientos de investigación cuando de 11 inspecciones abiertas se aparcan o demoran cuatro y la única interpretación inteligible que ofrece el responsable de la institución encargada de velar por la equidad fiscal es que 'no se ha constatado' que las cuatro inspecciones decayeran debido a 'conductas concertadas tendentes a favorecer' a Gescartera y a sus principales accionistas. La 'no constatación' no prueba que no existieran 'conductas concertadas' y no debería bastar a la comisión parlamentaria.

El hecho de que este procedimiento tan peculiar de autoexculpación se extienda a la investigación realizada sobre el mandato de Enrique Giménez-Reyna -una pieza separada en la investigación- es más preocupante si cabe. En este caso, la explicación que se ofrece es que Hacienda no ha detectado 'actuaciones fuera de los parámetros normales' de la Agencia Tributaria. Quizá, en un rasgo insólito de humor -que seguramente no compartirán los inspectores fiscales-, se esté diciendo que los parámetros normales de la Agencia Tributaria son el caos, la desorganización y la negligencia profesional. Así, dos inspecciones decayeron porque los expedientes no se adjudicaron a otros inspectores cuando los primeros que se habían encargado de ellos 'cambiaron de trabajo' o tuvieron que soportar una tarea excesiva. En uno de estos casos, el expediente prescribió. En otro, Hacienda dejó de actuar, pese a que la información y los indicios eran muy consistentes, porque el jefe de la dependencia creyó que se trataba 'de una empresa domiciliada en Madrid'.

Después de explicaciones tan incongruentes, es inevitable interpretar que la investigación de los responsables de la Agencia Tributaria sobre su propia actuación en el caso de Gescartera se ha resuelto con una faena de aliño, para concluir con una exoneración general de los responsables políticos de la Hacienda pública. El valor de este informe o auditoría interna es escaso, no responde a las preguntas esenciales que plantea la total inoperancia de la Hacienda pública en la detección del fraude fiscal implícito en Gescartera y contribuye a mantener la idea de que ha existido connivencia entre una parte de las instituciones públicas y la gran estafa de Gescartera. Esta conexión es la que los responsables públicos estaban obligados a desmentir rotundamente. Pues bien, ni la CNMV antes ni la Agencia Tributaria ayer lo han conseguido.