La juez de Colmenar Viejo ordena cerrar las dos residencias investigadas

La titular del juzgado número 3 de Colmenar Viejo decidió ayer cerrar las residencias La Milagrosa y Santa Rosa de Lima, situadas en esta localidad, tras visitar los dos centros acompañada por un forense, un fiscal y el director general técnico de la Consejería de Servicios Sociales. En estas dos residencias han estado viviendo 48 ancianos, 10 de los cuales carecen de familiares directos. La Consejería de Servicios Sociales se hará cargo de ellos y los repartirá hoy por centros de la región.

La juez acudió ayer a las dos residencias de Colmenar Viejo que han sido objeto de repetidas denuncias investigadas por la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid, y por las consejerías de Servicios Sociales y Sanidad. La titular del juzgado número 3 llegó a La Milagrosa a las cuatro de la tarde y permaneció en el centro hasta pasada la medianoche. La juez encontró irregularidades en los papeles y en las cuentas de las residencias, según fuentes de la investigación.

Con esta decisión de la juez, Servicios Sociales tiene un plazo de 48 horas para trasladar a los 41 ancianos que permanecen en la residencia a otros centros de la región. Los 31 mayores cuya familia no ha querido hacerse cargo de ellos serán atendidos por la consejería, aunque ésta exigirá a los familiares que sufraguen su manutención, como establece el artículo 142 del Código Civil.

'No podrán estar todos juntos, pero intentaremos que el cambio se produzca de la manera menos traumática para ellos', explicó ayer un portavoz de la consejería. Inicialmente, los responsables de Servicios Sociales tenían todo dispuesto para trasladar a los ancianos a otros centros, pero al demorarse la visita y la decisión de la juez, se anuló el dispositivo. El traslado se realizará hoy mismo.

Proceso

El Gobierno regional abrió la semana pasada un expediente administrativo que se resolvió el pasado lunes con la decisión de suspender la licencia de actividad de las residencias La Milagrosa, ubicada en la calle del Reloj, 1, y Santa Rosa de Lima, en la calle de Prim, 14; ambas son propiedad de los mismos dueños. Si la juez no hubiera abierto un proceso penal, Servicios Sociales tendría que haber iniciado un litigio contencioso que podría demorarse hasta dos años.

Francisco Panadero, secretario general técnico de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad, justificó el cierre por las pésimas condiciones de higiene y atención detectadas por los inspectores de Servicios Sociales y de la Consejería de Sanidad.

La mala situación de estos centros se conoció a través de dos trabajadores ecuatorianos sin papeles que denunciaron a los dueños de los centros, Isabel de Souto Prada, gallega de 49 años, y Rubén Pablo Aquino Morales, peruano de 37, ante la Guardia Civil.

Los dos trabajadores denunciantes relataron las penosidades que habían padecido y la situación precaria en la que viven los internos. La investigación fue llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid. Los agentes llegaron a simular incluso el ingreso de un anciano y observaron que 'la situación era alarmante', y que 'el precario estado de los internos era total'. Según los informes policiales, 'los trabajadores que se ocupaban de ellos eran ciudadanos ecuatorianos' en situación irregular, sin titulación y que lo mismo hacían labores de limpieza de instalaciones que se ocupaban de la higiene de los ancianos y de suministrarles la medicación.

Según la Jefatura Superior de Policía de Madrid, únicamente un pequeño balcón permitía a los ancianos ponerse en contacto directo con la luz del día. Además, si querían hacer ejercicio, el único lugar del que disponían los internos era el pasillo.

Las dos residencias habían sido objeto, en los años que llevaban abiertas, de cuatro expedientes por irregularidades. La denuncia de los trabajadores sin papeles abrió a la Consejería de Servicios Sociales la posibilidad de actuar de manera más diligente.