El PP bloquea el cierre cautelar de las canteras ante posibles reclamaciones

El PP usó ayer su mayoría absoluta (9 ediles de 17) en el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) para que la institución no pida al juzgado número 4 de Málaga el cierre cautelar de cuatro de las ocho canteras que realizan su actividad en la sierra del municipio y que habían sido declaradas ilegales por la citada sala. El equipo municipal esperará una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya que si el TSJA restituye la actividad, 'el consistorio afrontará las reclamaciones por el cierre'.

El pleno extraordinario de ayer dirimía si el consistorio ha de solicitar al juzgado de instrucción 4 de Málaga la aplicación de la sentencia del pasado 5 de septiembre por la que declaraba ilegales las canteras Retamero, Taralpe, Pinos de Alhaurín y el Trocornal. Las medidas cautelares supondrían el cierre provisional de los cuatro yacimientos mencionados.

El equipo de Gobierno decidió no tomar medidas hasta obtener una sentencia firme del TSJA, ya que el consistorio 'debería afrontar las reclamaciones de las empresas' en caso de que el alto tribunal cambiara el sentido de la actual sentencia, argumentó el alcalde Joaquín Villanova.

Además, el grupo popular sostuvo que ha de ser el favorecido el que mueva pieza ante los juzgados y no el consistorio, que 'en este caso es el perjudicado'. En el dilatado litigio sobre la actividad minera en la localidad, una serie de asociaciones vecinales e IU demandaron al ayuntamiento por desoír una solicitud de cierre de las canteras por carecer de licencia de apertura.

El portavoz del PSOE, Carlos Martínez afirmó que en caso de que las empresas deban ser indemnizadas por el paro, es la administración de Justicia la responsable de los gastos. El edil de IU, Fernando Antiñolo, aseguró que la plataforma ciudadana y su partido (personados en el litigio) sí pedirán la aplicación de la sentencia.

El PP y el Grupo Mixto también se opusieron a que la Fiscalía de Medio Ambiente investigue los daños que puedan producir estas actividades declaradas ilegales por el juzgado.

Por otra parte, el ayuntamiento investigará el duplicado de licencia presentado por la empresa Sando (que explota la cantera del Trocornal) en su recurso judicial. Los grupos municipales entienden que hay dudas sobre la existencia de dicho permiso, ya que en los archivos del consistorio no consta que se expidiera. Además, desde 1981 a 1986 existe un vacío documental en los fondos municipales.