Medio Ambiente actúa contra 25 vertederos de neumáticos usados y traslada a la fiscalía nueve casos

La Consejería de Medio Ambiente ha decidido actuar contra los vertederos o almacenes de neumáticos usados que considera más peligrosos para las poblaciones. En concreto, ha investigado hasta 25 grandes depósitos de estos residuos engorrosos y hasta ha trasladado nueve casos a la fiscalía por si pudiesen constituir un delito contra el medio ambiente. En paralelo a la presentación de su Plan de gestión de neumáticos de la Comunidad Valenciana, el departamento que dirige el consejero Fernando Modrego ha elaborado un mapa autonómico con todos los puntos en los que legal o ilegalmente se han acumulado neumáticos.

El plan de gestión elaborado por Medio Ambiente estima que la Comunidad Valenciana produce alrededor de 40.000 toneladas anuales de neumáticos de los que alrededor del 55% acaba en vertederos (el 20% se recauchuta, otro 20% se exporta para ser reutilizados y el 5% se envía a otras comunidades). Y, según las cifras de Modrego, actualmente hay 7.700 toneladas de neumáticos tirados en vertederos ilegales. La eliminación de estos depósitos costaría alrededor de 200 millones de pesetas.

Entre los casos trasladados a la fiscalía destaca el almacen de Aldaia que sufrió un incendio en invierno pasado, de Dobson Neumáticos, SA, firma que posee otros dos almacenes en Chiva, igualmente denunciados. Otros de los casos que han llegado a fiscalía son los de un almacen de Cheste, tres de Alcúdia, otro de Llauri y otro de Benimodo. Sin embargo, en Medio Ambiente se temen que esta medida no sirva de nada porque, apuntan, 'la tesis de la fiscalía es que sólo es delito ecológico si se queman los neumáticos y sólo es culpable el que los quema'. Por lo tanto es difícil acusar al propietario de un almacén irregular aunque se produzca un incendio porque hay que demostrar que el fuego ha sido intencionado y que ha supuesto un peligro para las personas o el medio ambiente.

Algunos de los 25 casos estudiados han supuesto expedientes sancionadores, como el de una instalación de Buñol, que se resolvió con una multa de 800.000 pesetas, o la de otra de Chiva, con dos millones. En ambos casos con la obligación de restaurar el vertedero.

En otros casos, como en Polop de la Marina, Llutxent y Llombay, se ha trasladado al ayuntamiento el problema para que fuerce el cierre, que yan han acometido consistorios como Guadassuar, Ribarroja y Silla. 'Lo que tienen que hacer los ayuntamientos es cerrar los que supongan un peligro, gestionar el tratamiento de los neumáticos y pasarle la factura al propietario', apuntan desde la consejería. El resto de los casos están en diligencias previas o en estudio por parte de los consistorios.

El plan de Modrego prevé la aprobación de un decreto que regulará la gestión de estos residuos. En concreto, prohibirá almacenar estos residuos durante más de dos años, así como depositar a partir del 15 de marzo de 2003 en vertederos autorizados los neumáticos enteros, verter a partir del 15 de marzo de 2006 los reducidos a tiras y gestionar en la Comunidad Valenciana los que vengan de otras autonomías.

Los únicos tratamientos que permitirá el Consell será la incineración de los neumáticos en hornos que permitan la valorización energética (obtención de energía), la reutilización y, en algunos casos, obras de ingeniería.

Entre otras medidas, y para impedir los peligros que pueda acarrear un incendio sólo se autorizará a almacenar neumáticos en recintos convenientemente vallados, que tengan acceso adecuados para pasos de vehículos pesados y, lo más importante, que estén alejados más de dos kilómetros de los núcleos de población.