¿Reagrupamiento o apoyo a la hostelería?

Por este medio, deseo criticar severamente el llamado Programa de Reagrupamiento Familiar de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, supuestamente encaminado a facilitar el viaje y la estancia a personas residentes fuera de la región madrileña que deseen visitar a sus familiares que viven en esta Comunidad.

Mi caso concreto, que no ha de ser un caso único, es el de un padre residente en Madrid con un hijo de ocho años que vive en Chile con su madre. Cada segunda quincena de julio, mi hijo viaja a Madrid en su periodo de vacaciones escolares de invierno austral (en Chile, el curso escolar comienza en marzo y finaliza en diciembre, con periodos vacacionales en julio -mes de invierno en el hemisferio sur- y en enero y febrero -meses de verano-).

Enterado del Programa de Reagrupamiento Familiar de la consejería, llamo para solicitar las ayudas anunciadas en el programa y cuál es mi sorpresa al informarme de que las ayudas se conceden únicamente a personas que vayan a alojarse en hoteles de la región, no en la vivienda del familiar anfitrión. Me informan, asimismo, de que las ayudas de viaje sólo contemplan los traslados nacionales, no los viajes desde otros países.

La paradoja y la incongruencia están servidas: ¿por qué pretende el Gobierno regional que alojemos a nuestros familiares en un hotel cuando vienen a visitarnos? ¿Considerarán de verdad los señores Ruiz-Gallardón o Blázquez, con el corazón en la mano, que a los hijos también hay que alojarles en hoteles? ¿Será para que no incordien en las casas? ¿No tiene el Gobierno, o esa consejería, presupuesto suficiente para subvencionar viajes desde el extranjero, y sí lo tiene, en cambio, para ayudar a los empresarios de la hostelería? ¿No existen ayudas más directas a estas empresas sin necesidad de enmascararlas con otro tipo de ayudas supuestamente dirigidas a familiares de residentes en Madrid?

¿A quién va dirigido entonces ese programa: a los familiares o a los hoteleros? ¿No es éste un programa más de fachada, publicitario, de marketing, que de ayuda real a los ciudadanos? ¿Por qué no acostumbra la Administración a llamar a las cosas por su nombre?