Funespaña reclama 270 millones al municipio por enterramientos de caridad

Funespaña, el socio privado de la funeraria municipal de Madrid, reclama al Ayuntamiento de la capital 270 millones de pesetas por los gastos ocasionados en los últimos años por enterramientos de caridad, que el Consistorio se niega a pagar al considerar que es la empresa la que debe correr con esos gastos. Así lo aseguran fuentes del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, las cuales explicaron que, en las cuentas correspondientes al ejercicio del año 2000, la deuda del Consistorio por estos enterramientos asciende a 270,57 millones de pesetas, y crece cada año, ya que la intervención municipal del Ayuntamiento no autoriza tales pagos.

Según Inés Sabanés, portavoz del grupo de IU en el Ayuntamiento, 'nunca se ha abonado nada por ese concepto, pero Funespaña siempre lo plantea como pendiente de cobro desde que se liberalizó el sector, en 1997'.

Personas sin recursos

Sabanés explicó: 'Cuando se adjudicó, en 1992, a Funespaña el 49% de las acciones, las condiciones del contrato recogían esa obligación: la de correr con los enterramientos de caridad [para personas sin recursos o indigentes], que son gratuitos'. Sin embargo, según Sabanés, 'desde el decreto de liberalización de las funerarias, Funespaña interpreta que ya no está obligada a ello'.

El gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF), Juan Valdivia, afirma: 'Hay una ordenanza municipal de 1997, promulgada como consecuencia de la liberalización del sector, que dice que el Ayuntamiento pagará estos servicios, sea cual sea la empresa que realice los enterramientos'. 'Estamos en un sistema de libre competencia con otras funerarias, y si a ellas el Ayuntamiento les paga el servicio de enterramiento gratuito de Servicios Sociales y a nosotros no, nos quedamos en una posición de desventaja frente a nuestros competidores', dijo. Según Valdivia, 'otros ayuntamientos ya hacen lo que deben y aquí no se hace, pese a que se está perjudicando a la Empresa Mixta'.

La edil de IU considera que 'pagar a Funespaña por ese concepto, del que se hacía cargo según el contrato por el que obtuvo el 49% de las acciones, supondría una modificación del contrato que necesita aprobación del pleno y del consejo de administración'. 'Ya han incumplido otras condiciones, como mantener los puestos de trabajo (están amortizando plazas), no subir los precios más del IPC (han subido más), mantener el nivel de servicio de 1992 y llevar la gestión de la empresa (que subcontrataron con otra); ahora sólo falta que nos cueste 270 millones más', concluyó Sabanés.