El PSOE propone cambios legales para perseguir la ablación incluso cuando se efectúa en el extranjero

El PSOE propone incorporar un párrafo al artículo 149 del Código Penal y otro al 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el delito de ablación femenina quede explícitamente recogido en la legislación española y sea perseguible tanto cuando el delito se comete en España como cuando la mutilación se hace aprovechando un viaje al país de origen de las niñas inmigrantes que sufren esa mutilación.

Los senadores socialistas van a tomar la iniciativa por dos motivos. El primero es que el senador socialista Juan Alberto Belloch fue el impulsor del nuevo Código Penal durante su etapa como ministro de Justicia e Interior en el último Gobierno de Felipe González. 'Soy el primer interesado en que el Código Penal se vaya adaptando a los nuevos fenómenos sociales', dijo Belloch adelantándose a posibles críticas de fallas en esa ley clave de la última etapa del PSOE. El segundo motivo es dar más relevancia al Senado que, según se queja la oposición, es una Cámara que el Gobierno quiere vaciar totalmente de contenido.

Belloch justificó su propuesta en que la mutilación sexual la sufren, según los expertos, 134 millones de mujeres en todo el mundo. Una cifra que aumenta en dos millones al año. La ablación es legal en 25 países y se tolera en otros 40. El senador socialista relató que 'esas mutilaciones se hacen con métodos tan poco sutiles como cuchillas de afeitar, dos piedras afiladas, cristales rotos o latas de conserva'.

Una lectura estricta del Código Penal las consideraría delito de mutilación, recogido en el artículo 149 del Código Penal. Para que los jueces y fiscales no tengan dudas y puedan perseguir este delito, el PSOE propone incorporar el siguiente párrafo al artículo 149: 'En todo caso, se considerará comprendido en el párrafo anterior la mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones'.

Los responsables de la ablación suelen ser los padres de las niñas y, con esa reforma, su delito, aunque se cometa fuera, sería perseguible en España. Ahora el Código Penal prevé penas de entre seis y 12 años a los condenados por delito de mutilación.