El ex alcalde de Rotglà i Corbera admite que no pagó licencias

Agustín Gómez, el que fuera alcalde de Rotglà i Corbera entre 1987 y 1999, reconoció ayer ante el tribunal de la sección tercera de la Audiencia de Valencia, no haber pagado los impuestos que se derivan de la obtención de una licencia de obras ni de la ejecución de las mismas 'porque eso es una costumbre en el pueblo desde antes de la transición'. El ex alcalde, acusado de un delito de prevaricación, afirmó que 'los cargos políticos del Ayuntamiento no cobran nada, así que eso [no pagar por la licencia] es una especie de compensación por todas las molestias' que, en su opinión, se toman.

Junto a él, en el banquillo de los acusados se sentaron cinco concejales del Consistorio de la comarca de La Costera. Su versión de los hechos fue idéntica, con la única salvedad de que cada uno de ellos realizó obras en su propiedad en momentos diferentes. Según afirmaron, esta práctica 'es habitual'. 'La secretaria nos decía al dejarle los papeles que no nos teníamos que preocupar de nada porque éramos concejales', dijo uno de los acusados. Los seis procesados aseguraron no saber que ello supusiera una ilegalidad.

Según su testimonio, la secretaria, encargada de tramitar las solicitudes de licencias de obras mayores y menores, no les indicó que estuvieran incurriendo en un delito. Sin embargo, la declaración de la secretaria fue clara: 'Ellos saben que cada vez que se ha planteado la cuestión les he advertido de la ilegalidad que estaban cometiendo'.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita 11 años de inhabilitación para el ex alcalde Agustín Gómez -ahora concejal- y siete años de inhabilitación para los otros cinco implicados. La acusación popular, representada por el Bloc Nacionalista Valencià, pide la inhabilitación durante siete años para el ex alcalde, y la absolución del delito de prevaricación para los otros cinco concejales. En el juicio no se refirió ninguna cifra sobre la cantidad que los seis acusados han dejado de pagar a las arcas públicas. Sin embargo, tanto el ministerio fiscal como la acusación piden que las tasas correspondientes sean abonadas con los intereses que correspondan. La defensa pidió la absolución de los procesados.