Una investigación llena de presiones

El desvío de 6.500 toneladas de armas, por un monto de 100 millones de dólares (unos 19.000 millones de pesetas), a dos países que estaban en guerra entre los años 1991 y 1995 constituye uno de los capítulos más sombríos del Gobierno de Carlos Menem. En primer lugar, la venta de material militar argentino a Croacia y Ecuador fue una clara violación del embargo militar decretado por las Naciones Unidas en la antigua Yugoslavia, y del Protocolo de Río para el conflicto entre Ecuador y Perú, en el que Argentina era garante.

Los cañones de 155 milímetros, obuses, morteros, ametralladoras, fusiles y municiones iban destinados, según los cuatro decretos firmados por Menem y varios ministros, a Panamá (país que no contaba con Fuerzas Armadas), Venezuela y Bolivia. Los cables diplomáticos que dieron cuenta de la aparición de armas argentinas en la guerra de los Balcanes fueron el primer aviso del escándalo, que continuó en la llamada guerra del Cenepa, en la frontera ecuato-peruana.

La causa tiene 21 procesados y entre los implicados hay tres ex ministros, dos ex vicecancilleres, dos generales ex jefes de Estado Mayor del Ejército y de la Fuerza Aérea y otros 14 funcionarios y militares. A largo de las investigaciones ha habido intensas presiones, muertes sospechosas y explosiones sin esclarecer, y se ha revelado la participación de conocidos traficantes prófugos de la justicia.

El 3 de noviembre de 1995, la planta de Fabricaciones Militares de Río Tercero (provincia de Córdoba) saltó por los aires. Hubo siete muertos y más de 300 heridos. El fiscal Stornelli sospecha que fue una explosión para destruir pruebas de la sustracción de armamento.