El nuevo 'caso Pinochet'

Cuatro ciudadanos ruandeses (dos monjas, un industrial y un profesor universitario) están siendo juzgados en Bruselas por asesinato, torturas y crueldades extremas cometidas en su país hace siete años, con ocasión de que los gobernantes de la mayoría hutu, a la que pertenecen los acusados, desencadenaran una matanza en la que perecieron cerca de 800.000 tutsis, la antigua minoría dominante.

Que el juicio se desarrolle en Bruselas no tiene que ver con que Ruanda fuera hasta 1962 colonia belga, porque en realidad nos hallamos ante un nuevo caso Pinochet. Así lo ha dicho la acusación, que se basa en una ley belga aprobada en 1993 por la que se pueden perseguir ante un tribunal especialmente creado a este efecto en Bruselas los delitos contra la humanidad que se especifican en la Convención de Ginebra de 1949, cualquiera que sea el país en que hayan sido cometidos.

Las monjas y los dos hombres, conocidos como los cuatro de Butare, por la región donde ocurrieron los hechos, están acusados de colaborar directamente al exterminio de varios miles de tutsis refugiados en el convento que dirigían sor Gertrudis y sor María Kisito, benedictinas. Las religiosas pudieron haber facilitado bidones de gasolina con los que incinerar vivos a cientos de asilados en la citada institución católica.

Hasta aquí los hechos sólo vendrían a demostrar que la solidaridad étnica es a veces más fuerte que cualquier sentimiento humanitario; las monjas podrían haber sido, por ejemplo, empleadas de comercio y el crimen resultaría exactamente igual de horrible. Lo positivo, en cambio, es que la impunidad ante determinados delitos se bata en retirada, hagan éstos referencia a monjas o a ex gobernantes. Bruselas juzga hoy crímenes que, de otra manera, nadie puede garantizar que fueran a recibir su justo castigo.