El Parlament obliga al Gobierno catalán a entregar a todos los grupos los estudios que ahora sólo facilita a CiU

Una práctica habitual en los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol llegó ayer a su fin. El Parlament votó una resolución por la que obliga al Gobierno catalán a remitir a todos los grupos parlamentarios las iniciativas que pretenda plantear a las Cortes y surjan de los trabajos y estudios de la Administración catalana. Hasta ahora, el único vehículo utilizado por el Gobierno catalán con esta finalidad eran los grupos parlamentarios de CiU en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Una propuesta igual o muy parecida a la que ayer fue aprobada por unanimidad en la comisión de organización del Parlament había sido presentada en otras ocasiones por el diputado de ERC Joan Ridao. Siempre era derrotada, pero el tenaz diputado no se daba por vencido y volvía a proponerla. Lo que ayer hizo que prosperara fue que el PP sufrió directamente la experiencia que Ridao pretendía eliminar. La diputada del PP Dolors Nadal descubrió que una de sus aportaciones a un proyecto de ley sobre la familia realizada en una ponencia del Parlament durante la anterior legislatura fue presentada hace dos meses por el grupo de CiU en el Congreso de los Diputados como una proposición propia.

Tanto Ridao como Dolors Nadal afearon a CiU 'la permanente confusión entre coalición y Gobierno'. Para evitar una derrota, los diputados de CiU se sumaron a la propuesta de instar al Gobierno de Pujol a que, a partir de ahora, remita a todos los grupos parlamentarios los materiales para formular proposiciones de ley en las Cortes sobre asuntos de interés general de Cataluña.

La misma comisión del Parlament instó también, en este caso con la abstención de los diputados del PP, a que el Gobierno haga 'las gestiones oportunas' para que sea accesible a los ciudadanos toda la documentación relativa al consejo de guerra contra el que fue presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado en 1940 en el castillo de Montjuïc, en Barcelona.