Consumidores y oposición rechazan la subida de la cuota de teléfono

La subida de tarifas de teléfono fijo cuenta con el rechazo de las asociaciones de consumidores y de los principales partidos políticos de la oposición. La OCU califica de 'desfachatez' que Telefónica pueda elevar su cuota mensual (actualmente, de 1.542 pesetas más el 16% de IVA). Por su parte, la UCE cree que esta subida es 'impresentable'.

La Unión Europea envió a finales de enero un dictamen al Gobierno en el que instaba a que en dos meses permitiese a Telefónica reajustar sus tarifas. Bruselas ya anunció a finales de diciembre que enviaría este dictamen (véase EL PAÍS del 22 de diciembre de 2000). La operadora llevaba reclamando desde 1998 un reajuste de sus tarifas y denunció al Ejecutivo español por abrir el mercado a la competencia sin permitir antes este ajuste. Ahora reclama que su cuota mensual pueda subir hasta cerca de las 2.000 pesetas para cubrir los costes de mantenimiento de la red. Para este año, Telefónica ya tiene autorizada una subida de 200 pesetas en el abono mensual.

El principal argumento de los consumidores para rechazar esta subida es la forma en que se ha realizado la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España. El director de la OCU, José María Múgica, considera inaceptable que se hable de subir cuotas cuando en la práctica todavía no se puede elegir operador en muchos casos. 'Cuando de verdad se pueda elegir, que Telefónica le ponga el precio que le plazca', señaló Múgica. 'Telefónica tiene un mercado cautivo, porque no podemos elegir otro operador y además pretende pagar sus inversiones en competencia duplicando el precio de sus servicios al consumidor', se quejó el responsable de la UCE, Jorge Hinojosa.

PSOE e IU tampoco están de acuerdo con la subida. La secretaria socialista de consumidores y usuarios, Isabel Pozuelo, ha pedido al Gobierno que negocie con Bruselas o con Telefónica para impedir 'como sea' esta subida. El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, muestra su 'sorpresa' por la decisión de la UE, ya que, a su juicio, una subida liquidaría la vertiente de servicio público y social que tiene el teléfono para las personas de bajos ingresos.