Jueces y fiscales, preocupados por la situación que se puede generar

Las asociaciones judiciales siguen expresando su preocupación por la situación que puede generarse a partir de la entrada en vigor de la ley. Durante el pasado año, desde diversas fiscalías se ha criticado también la 'improvisación y desidia' del Ministerio de Justicia en el suministro de medios materiales para atender las nuevas necesidades que establece la ley.

La portavoz de la asociación Jueces por la Democracia (JpD), Montserrat Comas, expresó ayer su 'enorme preocupación por la lentitud e improvisación con la que el Gobierno está abordando la inminente entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, el próximo 13 de enero'. En declaraciones a Servimedia, Comas advirtió de que si no se articulan de forma adecuada las medidas necesarias para la aplicación de esta norma, se corre el riesgo de que 'una buena ley se convierta en un instrumento ineficaz de reeducación de menores, y puede producir un efecto de desolación en la sociedad, al ver que se formulan buenos principios legales pero que no se es capaz de crear una infraestructura que los haga eficaces'.

En este sentido, la portavoz de JpD resaltó que 'en muchos territorios faltan equipos de psicólogos, no se han creado centros especializados para asumir los distintos niveles de reeducación previstos en la ley y no hay suficientes edificios para que los fiscales asuman la instrucción de los casos de delitos cometidos por menores. Además, falta dotación presupuestaria para dotar a los fiscales de los medios necesarios para que sean eficaces'.

Montserrat Comas añadió que el departamento que dirige Ángel Acebes debería haber cobrado 'mayor protagonismo en la coordinación de las comunidades autónomas que tienen competencias para crear los centros específicos y los equipos técnicos, a fin de conseguir una aplicación uniforme de la ley'.

Petición de retraso

El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, reiteró la petición de que se retrase la entrada en vigor de la Ley del Menor por entender que no existen medios materiales y humanos suficientes para aplicarla en la fecha de su entrada en vigor. 'Si no se tiene la dotación de medios suficientes no pasa nada por retrasarla. El periodo de vacaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de Alemania duró cuatro años, hasta que contó con la dotación presupuestaria suficiente', explicó.

González Armengol se hizo eco así de las quejas de los fiscales jefe de los tribunales superiores de justicia de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.