Los olvidados del 25 de abril

La famosa revolución de los claveles, que restableció el 25 de abril de 1974 las libertades en Portugal, aún tiene varias heridas sin cerrar en España. El asalto a la Embajada en la capital portuguesa aún permanece sin aclarar y los españoles expropiados durante el periodo revolucionario todavía esperan su correspondiente indemnización, una cantidad "completamente ridícula" para un Gobierno. Con la excepción de la familia Peña, cuyo expediente fue separado del resto hace dos años (reclama unos 15.000 millones de pesetas), el total de las indemnizaciones no alcanza los 600 millones de pesetas. Sin embargo, el Gobierno socialista de António Guterres, que desbloqueó en 1997 un comité bilateral que no se reunía desde 1990, lleva más de tres años retrasando la decisión final (el concepto está aceptado, sólo falta concretar las cantidades), un asunto que es calificado de "vergonzoso" por algunos de los expropiados.La mayoría de ellos se establecieron en Portugal para huir de la represión franquista. Eran ciudadanos humildes a quienes se les expropiaron casas, inmuebles, algún almacén, un restaurante o un pequeño comercio de pieles. Algunos consiguieron una indemnización por vía judicial, pero otros confiaron en resolver el asunto mediante un prometido acuerdo bilateral que, insólitamente, se ha retrasado aún más que el lentísimo aparato judicial portugués. Algunos han fallecido y sus herederos siguen los procesos. Otros han desaparecido sin rastro dejar y la Embajada no consigue localizarlos.

María Luz Bilbao Adorno, de 74 años, es hija de Elena Adorno, ya fallecida, a quien ocuparon un edificio que estaba a punto de vender. Había recibido una señal de un millón de escudos, que tuvo que devolver por duplicado. "Llegamos a Portugal", dice su hija, "hace 58 años". "Mi madre", añade, "era de Bilbao, enviudó y se vino a Lisboa al comprobar que Portugal tenía mejor nivel de vida que España; aquí se podía comprar azúcar, había muchas tiendas...". "El edificio que teníamos", continúa, "fue ocupado hasta hace tres años por varias familias, sin que las autoridades hicieran nada por desalojarlo hasta ahora. Tuvimos que devolver la señal que habíamos recibido por la venta y, para colmo, pedir créditos a los bancos para hacer obras, porque la casa se caía. ¡Fue todo un castigo!".

No obstante, Elena Adorno y sus seis hijos decidieron permanecer en Portugal y aún esperan su indemnización. "El caso siempre se retrasaba", dice su hija. "En algunas ocasiones, nos aconsejaban esperar, porque era época de elecciones en Portugal; luego, porque eran en España; siempre había algún motivo para aplazarlo".

Al empresario Julián Sánchez, cuya edad no quiere revelar, le ocuparon una casa y tres almacenes en Pinhal Novo, en el municipio de Palmela. "Nuestras reclamaciones", dice, "son de justicia; ocuparon nuestras casas, y eso no es correcto. Además no son cantidades grandes, pero han dejado pasar semanas, meses y años sin concretar nada. ¡Es algo impresionante después de tantos años! Además estamos perdiendo la revalorización de esos inmuebles".

Carlos Otero, de 57 años, fue cantante de ópera y actualmente es director de musicales en París, donde reside. "Mi padre", dice, "era un refugiado español que huyó a Portugal. Todos sus amigos creían que era portugués, porque hablaba perfectamente el idioma. Sólo en 1975 se identificó como español". Le expropiaron una pequeña casa en Río de Mouro, cerca de Sintra.

Carlos Otero ha defendido la propiedad desde París y, tras decenas de trámites en estos años, acaba de enviar una carta pidiendo justicia a los diputados portugués y español en el Parlamento Europeo Carlos Coelho y Jorge Hernández Mollar, respectivamente, a la Embajada española en Lisboa y al secretario de Estado para el Tesoro, quien decide las cantidades a pagar. "Mi padre", dice la carta, "era ciudadano español y vivió en Portugal 73 años . Nuestra casa fue ocupada durante 19 años, pues las decisiones del Gobierno portugués se han ido arrastrando sin alcanzar una solución a ese problema. (...) Además tuve que pagar una indemnización a los ocupantes para que no se quedasen con la casa en virtud de una ley portuguesa ".

Tras retrasar en varias ocasiones la decisión final, el Gobierno portugués ha informado a las autoridades españolas de que el asunto podría resolverse en la cumbre bilateral a celebrarse en Lisboa a finales de enero.