Zenarruzabeitia insta a las tres diputaciones a que busquen "consensos básicos" sobre la ley de Aportaciones

La vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, apeló ayer a la necesidad de encontrar "puntos de equilibrio y consensos básicos" entre las tres diputaciones y entre éstas y el Gobierno en materia fiscal, y en concreto de cara a la revisión de la ley de Aportaciones, prevista para el próximo año. Zenarruzabeitia recordó la existencia de una "inveterada tradición" en ese sentido y lo hizo en presencia de los tres diputados generales, que antes que ella expresaron sus diferentes posturas sobre la reforma de dicha ley. Tanto el diputado general de Vizcaya, el peneuvista Josu Bergara, como el alavés, el popular Ramón Rabanera, reiteraron sus posiciones favorables a la modificación, aunque por diferentes motivos y también con distinto alcance, como matizó Bergara.El diputado vizcaíno recordó que Vizcaya lleva "años" reclamando la corrección de la normativa, mientras que Rabanera insistió en que la modificación debe hacerse en 2001. Frente a ambos, el jefe del Ejecutivo foral guipuzcoano, el también peneuvista Román Sudupe, cree que será difícil dar con un modelo diferente mejor que el actual.

A las dificultades de lograr el equilibrio y la satisfacción de los tres territorios y las instituciones comunes, incluso cuando han estado gobernadas todas ellas por el PNV, se une ahora el hecho de que la diputación alavesa se encuentre en manos del PP, incluidas las sospechas de la vicelehendakari de que Álava pueda buscar la negociación directa con Madrid de un Concierto Económico específico para esta provincia, que ya tuvo y mantuvo incluso durante el franquismo. Al desmentido el miércoles desde la Diputación alavesa de esa supuesta intención, Rabanera añadió ayer una promesa: el no convertir la modificación de la ley de Aportaciones en un "reto", ni con los otros territorios, ni con el Gobierno. "Intentaremos pactar", dijo, "desde la máxima lealtad".

La vicelehendakari y los tres diputados firmaron el traspaso a las diputaciones de las competencias sobre el Instituto Social de la Marina, transferido por el Estado en el año 1998, y sobre la autopista A-8.