30.000 millones para paliar el mayor desastre medioambiental

El boquete de 60 metros que se abrió en el talud sur de la balsa minera de Aznalcóllar en la madrugada del 25 abril de 1998 dejó escapar una carga letal para cualquier ecosistema: los 5,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas y residuos mineros que anegaron 4.000 hectáreas del valle del Guadiamar contenían un cóctel explosivo de cinc, arsénico, plomo y cobre. Estos metales pesados son especialmente temidos por los científicos por la facilidad con la que se infiltran en suelos y se asimilan por seres vivos. El vertido tóxico inundó 200 fincas agrarias de un valle especialmente fértil, que nutre de agua a la joya del conservacionismo español: el Parque Nacional de Doñana. Los arroceros y empleados de la Consejería andaluza de Medio Ambiente consiguieron parar la riada de agua ácida en el límite que separa el Parque Nacional de su entorno más inmediato, el Parque Natural, una zona que también tiene una gran biodiversidad y que sufrió de lleno el embate del vertido.

El valle del Guadiamar se convirtió en la extensión más amplia contaminado por cinc y arsénico en la Unión Europea; la riada acabó inmediatamente con la fauna piscícola del río (se recogieron más de 30.000 kilos de peces muertos) y los metales pesados empezaron a ser fijados por plantas y animales. Dos años y medio después del desastre, las previsiones más pesimistas se han desdibujado. Un amplísimo dispositivo de limpieza ha permitido retirar la mayor parte de los lodos tóxicos y depurar las aguas del Guadiamar; ademas, la presencia de cinc y arsénico en suelos y seres vivos ha remitido.

Factura pública

Los esfuerzos por paliar el desastre medioambiental (los científicos calculan que se contaminaron más de 20.000 aves acuáticas) se han hecho fundamentalmente a cargo de las arcas públicas. Boliden pagó en su momento poco más de 1.000 millones de pesetas para compensar a los agricultores por las cosechas perdidas y se ha gastado otros 5.000 millones en limpiar de residuos tóxicos la zona más próxima a su balsa minera (que además ha sido señalada por ecologistas y científicas como la única en la que quedan puntos de contaminación intensa). El resto de la factura, hasta unos 30.000 millones, corresponde al Gobierno y a la Junta de Andalucía. Las labores de limpieza han costado a ambas administraciones unos 14.000 millones de pesetas. Además, la Junta ha destinado otros 10.000 millones a comprar el terreno de las fincas afectadas, para lo que tuvo que recurrir a una expropiación; ahora, el Gobierno andaluz pretende convertir el valle en un corredor forestal.