Bienestar Social mantiene aparcada la constitución de su órgano consultivo

Tres años después de la entrada en vigor de la ley de Servicios Sociales, en agosto de 1997, y tras repetidas promesas, el Consell sigue sin constituir el Consejo Valenciano de Bienestar Social. Esta institución, contemplada en la ley, debería valorar e informar sobre los distintos proyectos legislativos sobre los que trabaja la consejería -entre ellos el anteproyecto de uniones de hecho o el del voluntariado-. Sus funciones abarcan también el asesoramiento del Consell en materia de sericios sociales, promover las iniciativas de solidaridad de carácter social, recoger las demandas sociales y fomentar la participación así como las actividads de prevención, promoción y desarrollo social y cultural. Curiosamente, la consejería ha elaborado el reglamento del consejo -que debería obtener el isto bueno del organismo consultivo-, pero nunca lo ha convocado. Este órgano participativo lo integra el consejero, que ocupa la presidencia, el director general de Servicios Sociales, otra persona por designación directa del consejero y 36 representantes de los sindicatos y las principales asociaciones relacionadas con la defensa de la infancia, discapacitados físicos y psíquicos, de enfermedades crónicas, así como de otros sectores de asociaciones sociales, uniersidades, vecinos y consumidores.

Las peticiones de asociaciones sociales y sindicatos sobre la constitución de consejo han caido repetidamente en saco roto y en promesas incumplidas por parte de los sucesivos responsables populares del departamento. La última hecha pública fue la pronunciada en agosto de 1998 por la entonces responsable del deparamento, Marcela Miró. Entonces, se comprometió a constituir el consejo en un plazo máximo de tres meses. Más de dos años después, sigue sin haber sido convocado.

El Consejo no es, sin embargo, el único punto pendiente de desarrollar de la ley de Servicios Sociales. Tampoco se ha perfilado el Plan Integral de Servicios Sociales, un proyecto destinado a constituirse en la columna vertebral de la política social y que vincularía tanto a instituciones públicas como privadas. Estos dos son algunos de los numerosos aspectos que se mantienen congelados de la ley. La ley de Servicios Sociales de junio de 1997 únicamente se ha desarrollado con profundidad en el aspecto relativo a los conciertos con entidades privadas.