El juzgado se inhibe de las denuncias contra la Subdelegación

La policía mantiene la sospecha de que el buque, con bandera de la isla antillana de Saint Vicent, fue utilizado en una operación de tráfico ilícito de magrebíes. No obstante, el juzgado encargado del caso decidió ayer retirar la vigilancia y poner en libertad al capitán del carguero, el ucraniano Mykhailo Zholnyrenko, de 42 años. Tanto el responsable de la nave como sus cuatro oficiales, sospechosos de estar implicados en un presunto delito de introducción ilegal de ciudadanos extranjeros en España, insisten en que desconocían que transportaran a los 46 polizones a bordo del Unity XI cuando partieron de Casablanca (Marruecos).La llegada del buque a Pasaia desembocó en la apertura de una investigación sobre el tráfico ilegal de personas y la interposición de dos denuncias contra la Subdelegación del Gobierno en Guipúzcoa por no proporcionar asistencia letrada a los inmigrantes que permanecieron hasta su repatriación, el pasado viernes, en el gimnasio de las instalaciones portuarias.

El juzgado encargado del caso notificó ayer por la tarde su decisión de inhibirse en favor del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el caso de ambas denuncias. Así lo confirmó Mikel Maskiaran, abogado del Turno de Oficio de Extranjería, al que se le impidió la entrada en el pabellón en el que se encontraban los inmigrantes. El letrado adelantó que el Colegio de Abogados de Guipúzcoa interpondrá un recurso de reforma ante el mismo órgano judicial y que, de resolverse en el mismo sentido, apelará a la Audiencia Provincial. Maskiaran entiende que es preciso que los tribunales sienten "un criterio jurídico para aclarar situaciones futuras" similares.