Cuba y sus atletas

La enorme inversión realizada en el entrenamiento de los deportistas de élite fue siempre la excusa de los gobiernos del socialismo real, antes de la caída del muro, para evitar a toda costa su cambio de nacionalidad. Cuba, amparada por una cláusula de la Carta Olímpica, utiliza ahora el mismo argumento para vetar la participación en los Juegos de Sydney de la saltadora de longitud Niurka Montalvo, campeona del mundo tras adquirir la nacionalidad española en 1999. Y acaba de dar una nueva vuelta de tuerca al sacar de España a los 15 atletas cubanos de élite que se preparaban en Guadalajara, algunos de ellos desde hace muchos años. Las autoridades de La Habana fundamentan su decisión en un supuesto mal ambiente hacia sus atletas, provocado por los responsables deportivos españoles a raíz del caso Montalvo.Sólo elogios merece el estímulo deportivo de los niños y una política de fomento continuado de sus aptitudes como la que Cuba viene practicando. Pero educar bien físicamente a los ciudadanos no debería otorgar ningún derecho de propiedad sobre su inteligencia, músculos, sentimientos y decisiones. Tras ser formada en Cuba como atleta y defender con brillantez la bandera de ese país durante casi toda su carrera deportiva, Montalvo decidió casarse con un español y residir en La Línea (Cádiz); ahora, a los 32 años, desea disfrutar de sus últimos Juegos. Miles de personas de todas las procedencias actúan de forma similar. El mundo está lleno de profesionales brillantes en numerosos ámbitos, formados en países más o menos desarrollados, que han decidido, en uso de su libertad, trasladar a otro lugar el ejercicio de sus conocimientos o aptitudes.

Quizá la saltadora Montalvo ha desbordado el hartazgo del Gobierno de Fidel Castro por la constante huida de sus deportistas. "Son cientos los atletas cubanos que venden sus músculos en países que ni siquiera les vieron nacer", dice el presidente de su Comité Olímpico. La afirmación, sin embargo, requeriría explicaciones complementarias para significar algo más que la evidencia de que algo no funciona en la isla. Al margen de que por vías deportivas o diplomáticas España y Cuba puedan llegar a un improbable acuerdo sobre la saltadora vetada, cabe preguntarse si el COI no debería modificar la cláusula que exige tres años de margen desde el cambio de nacionalidad para que un deportista pueda participar en los Juegos con su nueva bandera. Parece que esa norma de la Carta Olímpica puede resultar a veces de difícil encaje con los derechos elementales de sus destinatarios.