Oposición y sindicatos exigen al Gobierno que frene la reforma de la Ley de Extranjería

Todos los partidos de la oposición, además de los sindicatos y diversas ONG, exigieron ayer al Gobierno que frene la reforma de la Ley de Extranjería. Estas organizaciones piden que el Ejecutivo modifique su proyecto atendiendo a las indicaciones del informe del Poder Judicial, en el que se critica la pérdida de derechos fundamentales que supondría para los inmigrantes la aplicación de la iniciativa del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, José María Aznar, admitió la posibilidad de introducir en la reforma mejoras consensuadas con el PSOE.

A los partidos de la oposición se sumó CiU. Todas estas formaciones interpretaron el informe del Consejo General del Poder Judicial como un apoyo a las tesis que han defendido desde que se conocieron los extremos de la reforma que el Ejecutivo del PP pretende llevar adelante.Delia Blanco, portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Socialista, insistió en la necesidad de que el Gobierno sea "prudente" y consensúe con las fuerzas políticas y agentes sociales "una cuestión de Estado como es la política de inmigración". Matilde Fernández, ponente socialista de la reforma de la Ley de Extranjería en la pasada legislatura, animó a la dirección del PSOE a denunciar al Gobierno ante el Constitucional si no elabora el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería.

Felipe Alcaraz, portavoz adjunto de IU en el Congreso, subrayó que el informe del CGPJ "es un serio tirón de orejas" al Ejecutivo, que "debería rectificar y archivar la contrarreforma de la ley".

También CiU se sumó a esta tesis. El ponente de este grupo en la elaboración de la ley vigente, Carles Campuzano, destacó que el Ejecutivo "no puede ignorar" las recomendaciones de los jueces. "Lo más sensato es introducir modificaciones en función del informe del CGPJ, aunque sea por prudencia legislativa".

Los sindicatos criticaron también la reforma que promueve el Ejecutivo. Paloma López, secretaria confederal de Política Social de CC OO, pidió al Gobierno que paralice la reforma de la ley y se siente a dialogar con agentes sociales y políticos sobre política de inmigración, y Ana Corral, responsable de Inmigración de UGT, se mostró pesimista ya que auguró que el Ejecutivo "pasará" del informe del CGPJ. Otras organizaciones, como SOS Racismo, la CEAR, Atime o Jueces para la Democracia defendieron tesis similares.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, admitió ayer en rueda de prensa la posibilidad de "introducir mejoras" antes de que la ley llegue al Consejo de Ministros del próximo 4 de agosto. Aznar no descartó además la posibilidad de llegar a acuerdos con el PSOE en esta materia si se hace "con prudencia e inteligencia".

Mientras, el delegado del Gobierno para la inmigración, Enrique Fernández Miranda, aprovechó la últimas oleadas de inmigrantes a las costas españolas para descalificar la ley vigente. Fernández Miranda las atribuyó "a la proximidad del final del plazo de regularización extraordinario. No es un disparate pensar que intentan entrar dentro de ese plazo", dijo tras participar en un curso universitario en Sada (), informa