Las tabacaleras de EE UU intentan trasladar su caso a otro tribunal

Las tabacaleras de Estados Unidos lanzaron ayer un ataque sorpresa al solicitar que el juicio contra ellas se traslade desde el tribunal estatal en el que ha estado seis años al tribunal federal de Miami. Las empresas pretenden así que se desestime el veredicto que las obligó hace dos semanas a pagar 25 billones de pesetas a los fumadores enfermos o que se celebre un nuevo juicio.La maniobra se apoya en un subterfugio legal, facilitado por la moción inesperada de un sindicato que ha solicitado su inclusión en el reparto de esa indemnización millonaria, la mayor de la historia. La petición sindical suscita una duda entre leyes estatales y federales y permite reabrir la puerta para elevar el caso a los tribunales federales. De no ser por esa intervención, el plazo para trasladar la causa a la instancia federal ya habría expirado hace cinco años.

Ayer no estaban claras las razones por las que el Sindicato de Trabajadores del Hierro eligió este momento para intervenir. "No juegan limpio . Para lograr sus desviados fines son capaces de usar cualquier medio", dijo indignado Stanley Rosenblatt, abogado defensor del más de medio millón de fumadores enfermos representados en la demanda colectiva.

Por si les falla la ofensiva federal, los abogados de Philip Morris, RJ Reynolds Tobacco, Brown and Williamson, Lorillard, Ligett, Council for Tobacco Research y Tobacco Institute cubrieron también el frente estatal al presentar, ayer mismo, un pliego de diligencias previas para una apelación. En ambas acciones, el principal argumento es que la demanda colectiva debe dividirse en 500.000 o más juicios separados, porque los potenciales afectados carecen de un denominador común como el tipo de enfermedad, los años de padecimiento y el tiempo que fueron fumadores.

Las tabacaleras tienen pendientes otras tres demandas colectivas en Arizona, California, Illinois, Luisiana y Nueva York, además de las querellas del propio Gobierno de Bill Clinton, las de varias compañías de seguros y las de 6.000 granjeros.