Once consejeros votan que se adapte la justicia a las autonomías

La propuesta más polémica de las debatidas ayer por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la reforma de la justicia fue la que planteaba la modificación de la composición y atribuciones de los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Al no prosperar, 11 de los 21 consejeros, agrupados en dos votos concurrentes, pidieron la adaptación del gobierno del poder judicial al Estado de las autonomías de la Constitución.El texto derrotado incluía la incorporación a las salas de gobierno de un tercio de juristas elegidos por los Parlamentos autonómicos, así como la capacidad de que esas salas propongan al CGPJ a los presidentes de audiencias provinciales y otros cargos.

Ante la derrota, la vocal catalana Esther Giménez Salinas formuló un voto concurrente, que dice así: "El Estado de las autonomías que la Constitución establece requiere, a nuestro juicio, una modificación de la estructura de los órganos de gobierno del poder judicial que, con pleno respeto a los principios de unidad e independencia del poder judicial, permita reflejar su adaptación a tal configuración territorial del Estado en la Constitución".

Firmaron también ese voto Javier Moscoso, Emilio Olabarría, Rafael Fernández Valverde, Manuela Carmena, Bruno Otero, Ramón Sáez y Francesc Caminal. Más tarde se unieron los firmantes de otro voto similar: el vicepresidente Luis López Guerra y las vocales Elisa Veiga y Ángeles Huet.

La existencia de esas 11 voluntades -en su gran mayoría pertenecientes a vocales propuestos en su día por grupos parlamentarios de izquierda o nacionalistas- contrarias a la supresión de la ampliación autonomista del gobierno del poder judicial hará que hoy se replantee la cuestión, según fuentes del Consejo.

En cambio, sí quedó aprobada ayer una propuesta de que los actuales funcionarios de la Administración de Justicia se integren en la Administración autonómica en las comunidades con competencias transferidas.