Vizcaya niega que hubiera un pacto entre las diputaciones y rebaja las retenciones un punto más

Álava exhibe una carta

Las diputaciones de Álava y de Guipúzcoa reaccionaron ayer con disgusto contra la decisión de Vizcaya de desvincularse del acuerdo adoptado en la última reunión del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). La Diputación vizcaína, por su parte, aduce razones de orden formal para asegurar que este órgano no llegó a reunirse, "al no estar presente su presidente por motivos de salud". Considera que la reunión fue "informal", por lo que "es extraordinariamente difícil que el OCT tomase acuerdos".El diputado general de Vizcaya, Josu Bergara, aseguró ayer que "no se suscribió nada", sino que "en unas conversaciones" se habló de reducir las retenciones al 18%. "Pero nosotros hemos planteado reducirlo al 17%, es decir al mínimo que ahora está establecido en el IRPF", precisó. Sin embargo, el Gobierno vasco se ha colocado del lado de las tesis de Álava y Guipúzcoa, y sostiene que se llegó a un acuerdo para trasladar a la comunidad autónoma el paquete de medidas fiscales aprobadas el 24 de junio por el Consejo de Ministros, entre ellas la reducción de dos puntos porcentuales (del 20% actual al 18%) de la retención a las plusvalías obtenidas con la venta de fondos de inversión u acciones. El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Jon Imaz, confió en que "se reconduzcan las diferencias de criterio", para lo cual no descarta "convocar, si es necesario, otra reunión del OCT".

Guipúzcoa, en desacuerdo

El responsable de las finanzas de Álava, Juan Antonio Zárate (PP), afirmó ayer que el compromiso consta por escrito en una carta enviada al presidente de Instituciones de Inversión Colectiva (Inverco), Mariano Rabadán, que firmaron los tres directores de Hacienda, entre ellos el de Vizcaya, Javier Muguruza. Pero Bergara aduce que la firma no tiene validez porque se trata de firmas digitalizadas de los directores de Hacienda que no fueron validadas posteriormente.Zárate explicó que la carta contiene el acuerdo de las tres diputaciones vascas de "rebajar del 20% al 18% el tipo de retención aplicable a las ganancias o incrementos patrimoniales derivados de la transmisión o reembolso de acciones o fondos de inversión", informa Pedro G. De Viñaspre. El desmarque de Vizcaya, en opinión de Zárate, crea "un nuevo problema" y va en contra de la unidad que "siempre" han mantenido las diputaciones para que la normativa referida a los rendimientos financieros fuera idéntica en las tres provincias.

El diputado de Hacienda alavés mostró su desconcierto y expresó su incomprensión con la actitud de Vizcaya. Además advirtió de que la existencia de tipos de tributación distintos en el País Vasco "crea un grave problema para las entidades que gestionan la inversión colectiva, ya que en virtud del punto de conexión que está establecido en el Concierto Económico resultaría que una entidad gestora tiene que mirar la residencia del perceptor de esas ganancias patrimoniales para saber si tiene que retener el 17% o el 18%". "Esto provoca un problema serio en la gestión de todas estas entidades", subrayó.

El diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Antton Marquet (PNV), aseguró que la decisión de Vizcaya es "desacertada" y no concuerda con la voluntad expresada en el OCT. "No comparto la medida aprobada por Vizcaya", declaró, porque "la unidad de acción en los temas de ahorro es lo suficientemente importante para no desmarcarnos un milímetro".La ruptura del acuerdo institucional con el desmarque de la Diputación de Vizcaya ha provocado también una división política en el seno del gobierno foral, sustentado en coalición por el PNV y EA, que son minoría en las Juntas Generales de esta provincia, donde debe ser ratificada la rebaja. Los diputados de EA decidieron ayer abstenerse para evitar dar su apoyo a una modificación normativa "anecdótica" que, a juicio de este partido, origina una "desarmonización fiscal" con las haciendas alavesa y guipuzcoana.

Aunque Vizcaya ha tendido a ir por libre en cuestiones fiscales, para disgusto de las otras dos diputaciones, en medios políticos se interpreta este desmarque dentro del pulso que mantiene con el Ministerio de Hacienda. El Gobierno del PP decidió mantener los recursos judiciales contra los incentivos a la inversión de Vizcaya, como se acordó en la llamada paz fiscal de enero, al conocer que había aplicado dichos beneficios a varias grandes empresas mientras se estaba negociando. Por el contrario los recursos contra Álava y Guipúzcoa fueron retirados.