Horarios perdidos
Lo que el Gobierno propone como "liberalización de horarios" comerciales no es gran cosa en realidad. Incluye libertad de apertura en domingos y festivos para los establecimientos con una superficie inferior a 300 metros cuadrados y ampliar la apertura en domingos y festivos de las grandes superficies, de ocho jornadas anuales a doce, lo que parece más un sarcasmo que una decisión meditada. La libertad total de apertura los domingos para los hipermercados sería perfectamente defendible. Los ciudadanos no tienen por qué sufrir las consecuencias de la incapacidad de las tiendas pequeñas para abrir durante los siete días de la semana ni su capacidad de presión sobre los gobiernos, autonómico y nacional, en función de los votos que aglutinan.Las supuestamente catastróficas consecuencias sobre el empleo no se sustentan en estudios serios. Desde luego, la respuesta de las organizaciones que defienden al pequeño comercio debería ser en ningún caso la de pedir que los hiper no abran los domingos, sino la de diseñar estrategias de competencia que garanticen su superviviencia y rentabilidad.
Los pequeños comercios no están en disposición de aprovechar plenamente la libertad de horarios. Precisamente por los aumentos de costes que suponen las aperturas durante los fines de semana es por lo que se oponen a la libertad total. Así que estamos ante una concesión gratuita, de cara a la galería. La tensión competitiva entre grandes superficies y pequeños comercios es un problema económico que debe resolverse mediante las reglas del mercado o, si así lo prefieren, mediante una negociación pública y transparente entre ambos sobre los horarios. Al Estado le corresponde una función de arbitraje para defender los intereses de los ciudadanos y evitar prácticas contrarias a la competencia, pero no la de trasladar a los consumidores el problema ya casi histórico del pequeño comercio.
A lo anterior hay que añadir, como agravante, la desidia política con que el Gobierno se ha limitado a tirar la piedra y desentenderse de sus consecuencias, puesto que las competencias sobre regulación de horarios comerciales corresponden a las comunidades autónomas. La presunta liberalización de horarios propuesta por este Gobierno es una oportunidad perdida más. El debate sobre los horarios comerciales más adecuados para la sociedad española volverá a cerrarse en falso.
