Dos organismos oficiales atribuyen el estancamiento económico de Italia a las escasas privatizaciones
La excelente coyuntura económica europea parece eludir a Italia. Un crecimiento inferior a la media de la UE, que se mantiene desde hace un decenio, unida a una presión cada vez mayor de la inflación, hacen temer que el país pueda perder la batalla de la competitividad en la era global. Al diagnóstico dado el martes por el garante de la Competencia, que culpabiliza de la situación a una política de falsas reformas y semiprivatizaciones, se suma el duro juicio emitido ayer por el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, quien volvió a reclamar la reforma de las pensiones, la flexibilidad laboral y la reducción de la carga fiscal.Las declaraciones de Fazio coinciden con el reciente balance de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que señala los males de la economía italiana: el alto nivel de paro, un crecimiento económico todavía bajo (no superará el 2,9% este año frente a la media de la zona del euro, en torno al 3,5%) y una preocupante inflación, que ha saltado al 2,5%. Con un agravante: no es el aumento del precio del petróleo la única razón de que se hayan disparado los precios al consumo, sino razones "internas" de la organización del país. Por ejemplo, la existencia de "un cierto número de sectores protegidos que siguen elevando los costes en las transacciones comerciales, lo que erosiona la competitividad de Italia respecto a los países del euro".
Con la OCDE coincide el informe de Giuseppe Tesauro, garante de la Competencia, que traza un panorama negativo de las reformas liberalizadoras adoptadas por los sucesivos Gobiernos italianos. Medidas que juzga incompletas cuando no falsamente liberalizadoras. Italia se arriesga, opina, a no poder responder a los rápidos cambios de la economía mundial. ¿Cómo podría hacerlo si la factura de la electricidad y la del gas le cuestan más a un italiano que a su vecino del otro lado de los Alpes?
Al contrario que otros Estados, Italia, dice Tesauro, aplica siempre a la baja las normas liberalizadoras de Bruselas. Correos es uno de los casos más claros. "En los servicios postales se ha tratado de respetar el menor nivel de competencia posible", dice Tesauro, de tal forma que el área reservada al Estado no ha sido reducida sino ampliada
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