Bustinduy envía una carta a Feijóo ante el no del PP a la prórroga de los alquileres: “Reconsidere su posición”

Sumar sigue sin tirar la toalla. Por mucho que Junts haya dicho ya que no varias veces a la prórroga de los alquileres. Y por mucho que el PP haya rechazado sentarse a negociar el decreto en el Congreso. En un nuevo gesto de presión, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y para la Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado este miércoles una carta al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para pedirle que “reconsidere” su posición y presentarle todos los datos que debería tener en cuenta, en su opinión, a la hora de votar la norma el próximo martes en la Cámara baja. El decreto, que salió adelante tras un Consejo de Ministros muy tenso en el que el socio minoritario de la coalición arrancó al PSOE el texto solo tras horas de discusiones, está condenado al fracaso por la negativa de las derechas.

En un intento por trasladar públicamente la responsabilidad al Partido Popular, que tiene 137 diputados, y seguir poniendo sobre la mesa el debate mientras el PSOE lo da ya por perdido, Bustinduy se dirige a Feijóo: “Puesto que no nos ha resultado posible transmitirles estas consideraciones de viva voz, me tomo la licencia de hacérselas llegar por escrito, con el único propósito de que su Grupo pueda valorarlas debidamente con carácter previo a la determinación de su posición en esa votación”, le dice al presidente popular.

En el escrito, el ministro recuerda que la prórroga de los alquileres que vencen antes de diciembre de 2027 incumbe a más de “dos millones y medio de compatriotas”. “En las condiciones actuales de mercado, la renovación de esos contratos supondría para muchos de ellos tener que afrontar subidas intempestivas de hasta un 50% en el precio de los alquileres. Para cientos de miles de familias, eso equivaldría a tener que abandonar su vivienda, con el profundo trastorno que implicaría para sus vidas, máxime en el contexto de incertidumbre y vulnerabilidad derivado de la guerra ilegal en Irán”, señala el titular de Consumo.

“Esas familias son de toda orientación y signo político; viven en todas las comunidades autónomas y ciudades del país, muchas de ellas gobernadas por la formación política que usted dirige”, añade. Según algunas estimaciones, la prórroga extraordinaria de los contratos supondrá un ahorro de hasta 2.000 euros al año para cada hogar, advierte el ministro, pero no una “merma” para los caseros, que “seguirán percibiendo las rentas que estas familias pagan religiosamente con mucho esfuerzo y trabajo”.

“Según un estudio de Ateneo del Dato [encuesta encargada por el grupo de La Izquierda Europea en el Europarlamento], un 73,4% de la ciudadanía respalda la prórroga de alquileres, incluyendo un 65% entre el electorado de su partido. En ese mismo estudio, uno de cada dos ciudadanos afirma que se replantearía su voto si su opción política diera la espalda a esta medida, incluido un tercio de los votantes del Partido Popular”, recoge la carta. “Esta medida goza de un apoyo amplio y transversal de la sociedad española. De hecho, su grupo ha apoyado en distintas ocasiones medidas similares en el pasado”, subraya Bustinduy, en referencia a los decretos aprobados por la crisis económica desatada con la guerra en Ucrania.

“Por su trascendencia para la vida de millones de compatriotas, y exclusivamente en aras del interés general, me dirijo a usted para solicitarle que reconsidere su posición respecto a una medida necesaria, razonable y provechosa para la ciudadanía de este país. Espero que comprenda la absoluta sinceridad de las razones que motivan esta carta”, concluye.

El voto afirmativo del Partido Popular no sería necesario si Junts apoyase el decreto, pero los independentistas ya han expresado que, tal y como está actualmente, no pueden apoyarlo. Sumar llevaba semanas tratando de ser cuidadoso con sus críticas al partido, y preferían apuntar al PP, que rechazó de plano la reunión con su grupo parlamentario. Esa estrategia saltó por los aires hace una semana, cuando Yolanda Díaz tildó de “racista y clasista” a la formación de Carles Puigdemont, lo que provocó el enfado del expresident, que en redes respondió que la vicepresidenta “manipulaba” tanto “como Trump”. Desde entonces, casi todos los portavoces del grupo han evitado referirse directamente a la polémica. “La mejor forma de demostrar que no se es racista ni clasista es votando a favor del decreto”, dijo únicamente el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, el martes en la sala de prensa del Congreso.

Este martes, el Gobierno aprobó su Plan Estatal de Vivienda de aquí a 2030, un decreto que prevé una inversión de 7.000 millones y que ha centrado toda la atención de la ministra Isabel Rodríguez, que ha dejado las riendas de la negociación de la prórroga a Sumar. Pese a no tener competencias de gobierno en la materia, el grupo de Díaz ha hecho de este asunto una de sus banderas esta legislatura, convencido de que el Gobierno se juega en la capacidad que tenga de dar respuesta al primer problema de los ciudadanos, según el CIS. La formación insiste en que todavía quedan días. “No están calibrando el clamor social. Si piensan que pueden votar que no impunemente y que no pagarán un altísimo coste por ello, se equivocan”, ha advertido Bustinduy en los pasillos de la Cámara.