COMPETENCIA INDIRECTA. EDITORIAL

Competencia indirecta El vicepresidente Rato anunció ayer que el BBVA tendrá que presentar, en el plazo de dos meses, un plan de desinversiones para evitar que la fusión del BBV con Argentaria deteriore la competencia en los mercados donde las participaciones accionariales de ambas entidades puedan significar concentración de poder. El acuerdo del Consejo de Ministros establece que deberán controlarse los efectos de la fusión en los mercados eléctrico, de telecomunicaciones, petrolero y de medios de comunicación, entre otros; pero, en la práctica, del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y de la intervención de Rato se desprende que el único punto en el que puede plantearse un conflicto real es en el mercado de los medios de comunicación.

En principio, el Gobierno, que ha seguido las directrices del TDC, actúa con coherencia al velar para que se mantenga la transparencia en el mercado y no se produzcan conflictos de intereses. Pero este reconocimiento general debe matizarse con dos consideraciones de detalle: la primera, que el Ejecutivo se ha apresurado a avalar el dictamen del TDC en un periodo político sospechoso una semana antes de las elecciones generales (el plazo terminaba el 20 de marzo); la segunda, íntimamente relacionada con la anterior, es que el añadido de considerar la fusión del BBV con Argentaria, a la luz de la alianza posterior del BBVA con Telefónica, introduce un factor de confusión impropio de la seguridad jurídica que debe informar las decisiones que atañen a las empresas.

Resulta muy confuso que en virtud de la alianza BBVA-Telefónica el Gobierno considere que, "a efectos de competencia", las participaciones indirectas del BBVA en Vía Digital y Antena3, a través del 10% que posee la entidad financiera en Telefónica, se conviertan en participaciones directas del 49% (la que tiene Telefónica). Esta transformación bajo el pretexto de la competencia (Telefónica controla varias empresas de comunicación y el BBVA tiene dos vicepresidentes en dicha compañía) bien puede ser entendida como un subterfugio utilizado por el Gobierno para orientar el plan de desinversiones que debe presentar la entidad financiera fusionada por la línea de la venta que resulte más fácil o, simplemente, más acorde a los deseos del Ejecutivo. La confusión se agranda, además, cuando se considera que la alianza con Telefónica se utiliza para forzar la desinversión del BBVA, pero se deja la decisión sobre las inversiones activas de Telefónica para más adelante.

Las actuaciones a través de "acuerdos de Consejo de Ministros" tienen el inconveniente de que pueden ser entendidas como movimientos discrecionales, que no ofrecen garantías equitativas a las entidades que se fusionan. Si el Gobierno pretende que esas decisiones sean creíbles y jurídicamente seguras debería aprobar normas de aplicación universal en el BOE y no recomendaciones u órdenes ministeriales ad hoc.