La comunidad educativa exige a la consejera que acepte sus demandas tras el éxito de la manifestación

El Marco Unitario de la Comunidad Educativa (MUCE), después del éxito de la manifestación del pasado domingo que reunió a más de 20.000 personas en defensa de la escuela pública, exigió ayer a la consejera de Enseñanza, la convergente Carme-Laura Gil, que dé respuestas concretas a sus reivindicaciones, planteadas cuando aún estaba en el cargo su predecesor, Xavier Hernández. Una de las demandas que la comunidad educativa reclama con más urgencia es la modificación del decreto de matriculación, con el objeto de impedir que la escuela concertada siga seleccionando a su alumnado, pese a estar financiada con fondos públicos.La consejera aseguró el mismo día de la manifestación: "Los diferentes sectores que forman el MUCE saben que llegaremos a acuerdos y, lo más importante, saben que algunas de sus reivindicaciones ya están en el programa de Enseñanza" y añadió que no explicaría sus propuestas hasta el próximo 17 de febrero en el Parlament.

Desde el MUCE se considera que sus demandas deberían concretarse antes de esa fecha y además de forma consensuada. El secretario de Enseñanza de Comisiones Obreras, Joan Carles Gallego, emplazó a la consejera a "ir al fondo de los problemas y a realizar propuestas concretas" y agregó que deberían ser fruto de la negociación con la comunidad educativa y no la mera voluntad del departamento. Por su parte, el portavoz de USTEC-STE, Carles Martínez, pidió un "giro de 180 grados en la política del departamento" y amenazó con más movilizaciones si Enseñanza no negocia con la comunidad educativa.

Para Jaume Graells, de UGT, lo que debe hacer la nueva consejera es reconocer los problemas que afectan a la enseñanza si en verdad quiere resolverlos, sobre todo los que afectan a la educación secundaria y a la Formación Profesional. El portavoz de la AJEC, Carles Prieto, subrayó que algunas de las propuestas del MUCE deben aplicarse de forma inmediata. Concretamente, reclamó la creación de zonas de atención educativa preferente, medida también solicitada por el Ayuntamiento de Barcelona, para poder integrar a todos los alumnos con necesidades educativas especiales sin crear guetos.

La federación de padres de alumnos (FAPAC) valoró muy positivamente la movilización y, en un comunicado, insistió, además de en los puntos ya conocidos, "en la consecución de una verdadera participación democrática en los centros de los padres y madres del alumnado" y en la defensa y el apoyo a estas organizaciones.

Presiones de Convergència

Los diferentes sectores que integran el MUCE, que se han reunido con Gil durante las últimas semanas, conocen las intenciones de la consejera, aunque dudan de que pueda llevarlas a cabo, debido a las presiones que se van a ejercer sobre ella, incluso desde su propio partido, Convergència Democràtica. USTEC-STE señala a la patronal de la privada como uno de los grupos de presión más interesados en que las intenciones de Gil no se materialicen en medidas concretas.

Según el sindicato, el elemento clave de las futuras propuestas de Carme-Laura Gil son los cambios que sufrirá el proceso de matriculación en los centros financiados con dinero público. Y afirman que con esta medida la consejera pretende equiparar los deberes de la escuela concertada a los de la pública y conseguir más transparencia en el proceso de matriculación, así como la creación de un órgano permanente que cuente con la participación de los ayuntamientos, ambas reivindicaciones del MUCE.

La misión de este órgano sería distribuir equitativamente a los alumnos inmigrantes que se incorporan tarde al curso escolar entre los centros públicos y privados. Actualmente, la escuela concertada no reserva plazas a este tipo de alumnos y la gran mayoría son escolarizados en la pública. Pero existe el temor de que estas medidas vayan acompañadas de concesiones económicas a los centros concertados, un punto en el que no todos los sectores del MUCE están de acuerdo.