400 empresas vierten impunemente residuos en la bahía de Río de Janeiro

La tragedia ecológica ocurrida días atrás en la bahía de Guanabara de Río de Janeiro, donde fueron vertidos 1,3 millones de litros de aceite combustible de la empresa Petrobrás (casi el triple de lo que se había dicho al inicio), ha dejado al descubierto llagas aún mayores. Ayer, el Gobierno del Estado de Río confesó que se siente incapaz de fiscalizar las 400 empresas que arrojan residuos al mar.Por el momento, los directores responsables de la Petrobrás van a ser llamados a declarar ante la Policía Federal y la Magistratura. La empresa, a la que ya se le han aplicado las nuevas y duras normas contra el delito ecológico, estará obligada a pagar al Estado de Río 5.000 millones de pesetas. Pero el problema es que la burocracia en estos casos es tan enorme que el mismo Gobierno calcula que, para el pago de cada multa contra un delito ecológico, el proceso no dura menos de 15 años.

Para buscar alguna solución más urgente y concreta, el gobernador de Río, Antonhy Garotinho, que en este caso ha ido de la mano con el alcalde de la ciudad, Paulo Conde, en la condena de la empresa Petrobrás, ha tomado una decisión drástica: todas las empresas que de alguna manera están involucradas con la bahía de Guanabara van a tener que pagar una cuota, aparte de las multas pendientes en los procesos, para crear un fondo que pueda usarse en momentos de crisis. El miedo del gobernador es que puedan detenerse las ayudas internacionales que la bahía recibe para su descontaminación si se prueba que las autoridades son incapaces de controlar a las empresas.

La llegada del aceite vertido en la bahía a las playas del sur de la ciudad se ha podido evitar gracias a los más de 50 kilómetros de boyas colocadas.