Un traficante de inmigrantes elude de nuevo la cárcel porque Justicia no reclamó su entrega

El primer traficante de inmigrantes condenado en España, Lakbir Aitsalah, organizador del camión patera de Capmany (Girona) en el que murieron 12 magrebíes, ha escapado por segunda vez a la pena de tres años dictada por la Audiencia de Girona debido a la dejadez de la policía y del Ministerio de Justicia. Aitsalah, detenido en Italia, está libre desde el pasado 13 de diciembre, fecha en que expiró el plazo de 40 días para que las autoridades italianas recibieran la solicitud española de extradición.La escasa diligencia del ministerio se hace más patente si se tiene en cuenta que Interpol de Roma advirtió al Ministerio de Justicia español, el día antes de que se acabara el plazo para reclamar al detenido, de que todavía no había recibido la documentación. La siguiente comunicación de Interpol, fechada el 23 de diciembre, se limitaba a informar de que Lakbir ya estaba libre.

No es ésta la primera vez que Aitsalah se beneficia del escaso celo de las autoridades españolas. La sentencia firme que le condenaba a prisión por el accidente de Capmany, emitida el 20 de octubre de 1998, no pudo ni tan siquiera serle comunicada puesto que en un primer juicio había sido absuelto y desde entonces se encontraba en paradero desconocido. La policía arguyó entonces que no tenía vigilado al traficante porque un juzgado le había declarado inocente en primera instancia.

Precisamente esa primera sentencia causó una enorme polémica en medios políticos y sociales, puesto que justificaba la absolución basándose en un supuesto vacío en el Código Penal que no permitía penar el tráfico de inmigrantes. Cuando la Audiencia revocó esta sentencia, Lakbir ya se había esfumado.

El abogado de la acusación particular, Joaquim Bech de Careda, que representó los intereses de los familiares de las víctimas y los heridos en el siniestro de Capmany, se mostró ayer enormemente contrariado por la liberación de Aitsalah y la atribuyó directamente "a la dejadez del Ministerio de Justicia español". Según De Careda, "alguien debe cargar con la responsabilidad de este grave error".