Dos pasos atrás

EL PP contará con CiU y tendrá que ganar el voto -probable- de Coalición Canaria para sacar adelante el nuevo texto de la Ley de Extranjería, pero a costa de romper el consenso alcanzado entre todos los grupos en el Congreso. Los socios catalanes del Gobierno transigieron ayer, en la Comisión Constitucional del Senado, con una buena parte de las 112 enmiendas presentadas por los populares, aunque lograron modificar una treintena y forzaron la retirada de unas pocas. Si este consenso se consolida, no habrá serias dificultades para que el texto que salga del Senado sea refrendado por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso del 23 de diciembre, último de esta legislatura.Todo parece indicar, pues, que habrá una nueva Ley de Extranjería en esta legislatura, pero lastrada por el desacuerdo final provocado por la increíble torpeza con que ha actuado el Gobierno en su tramitación. El consenso político más amplio posible era esencial para reforzar la legitimidad y la aceptación social de una ley tan trascendental como la denominada "de Derechos y Libertades de los Extranjeros". Pero también lo era el asentimiento de las organizaciones que trabajan en el entorno de la inmigración, que ahora se sienten burladas. Al anuncio de movilizaciones se añade su salida, ayer, del Foro de la Inmigración, un organismo en el que han trabajado en los dos últimos años junto con representantes del Gobierno sobre los aspectos más controvertidos de la nueva ley.

El nuevo texto supone un retroceso evidente respecto del consensuado en el Congreso por todas las fuerzas políticas, incluido el PP, pero no tan acusado como pretendía el Gobierno. El resultado del pacto con CiU en el Senado supone un avance respecto de la ley vigente de 1985: consolida los derechos de los inmigrantes legales y regulariza la situación de los que puedan demostrar su estancia en España en 1998. Pero los irregulares siguen casi tan desamparados. En contra de la opinión de algunos ministros, el nuevo texto mantiene el derecho de educación a los niños y de asistancia sanitaria a los enfermos. Habría resultado escandaloso lo contrario. Pero que CiU haya dado satisfacción al PP en su rechazo a cualquier mecanismo razonable de regularización automática, salvo la difícil obtención de un permiso de residencia temporal, supone un paso atrás importante. A los inmigrantes sin papeles, que seguirán llegando por más que se blinden las fronteras, se les empuja a la marginalidad.