Coge el dinero y corre

CUANTOS MÁS detalles se conocen sobre el sistema de opciones sobre acciones (stock options) de Telefónica, más claro parece que no estamos ante un sistema usual de retribución para estimular la gestión, ni tampoco ante un programa para fidelizar a directivos de valor reconocido en el mercado de las telecomunicaciones, sino ante un método de enriquecimiento descarnado que guarda escasa relación con los supuestos fines profesionales que han esgrimido tanto el presidente de la compañía, Juan Villalonga, como el Gobierno.Las fabulosas primas extraordinarias diseñadas para los 100 principales están referidas única y exclusivamente a la evolución del valor bursátil de las acciones, una fórmula con la que se corre el riesgo de que la gestión de la compañía abandone otros valores tales como el beneficio de la sociedad o la calidad del servicio. Del contenido de la carta enviada por Villalonga a sus directivos en 1997 para explicarles el plan de acciones se desprende que el programa tiene una fuerza contractual que seguramente opera en contra de la estabilidad y fidelización de los agraciados; puesto que, si se aprueba la propuesta que presentará hoy el presidente de Telefónica al consejo, la ejecución de las plusvalías se demorará hasta el año 2005, salvo que el directivo se vaya de la empresa. Un estímulo directo al abandono de la compañía.

Resulta inaudito que, semanas después de que se haya desatado el caso tanto en la compañía matriz como en otras filiales -Terra y Páginas Amarillas, por ejemplo-, ni el organismo regulador del mercado, la CNMV, ni la opinión pública hayan recibido una explicación oficial procedente de la empresa que sea satisfactoria y completa; y también que, por más que la enmienda del Gobierno que obliga a la transparencia de las retribuciones de los consejos no sea efectiva hasta el 1 de enero, Telefónica no haya facilitado los sobresueldos que se llevará cada uno de los favorecidos por el plan. Pero, en todo caso, el atrincheramiento ante la irritación ciudadana y de los empleados marginados de este selectivo club es coherente con la insistencia del Gobierno en quitarse el muerto de encima con el argumento de que el caso atañe a una empresa privada. Dado que Telefónica depende vitalmente de las decisiones del Ministerio de Fomento sobre tarifas y nuevas licencias, está claro que la excusa de Aznar es improcedente y que no puede librarse de esa responsabilidad.