Inmigrantes en el alero

LA REFORMA de la Ley de Extranjería de 1985 recibió ayer luz verde para su tramitación en la Comisión Constitucional del Congreso, aunque ello no garantiza que sea aprobada en esta legislatura. Las principales dudas residen en la actitud ambigua del Partido Popular respecto de una reforma que pareció contar en sus inicios con su total beneplácito. Todos los grupos parlamentarios consideran imprescindible su tramitación por el procedimiento de urgencia. Todos, menos el PP. El partido del Gobierno se escuda en el alto grado de consenso alcanzado y en las escasas enmiendas para rechazar tal procedimiento. Esa actitud, acorde con la finalidad de la reforma, pero renuente ante los medios para alcanzarla, plantea serias dudas sobre su voluntad política.Los problemas parecen venir del lado económico. El Ministerio de Economía pone reparos al coste que puede suponer la cobertura sanitaria o educativa de los inmigrantes. Pero si el planteamiento de la reforma es equiparar en derechos y deberes al trabajador inmigrante con el nacional, no parece que esos reparos estén justificados. El coste de esas prestaciones será financiado, al menos en parte, por los impuestos de los propios inmigrantes.

La reforma emprendida no sólo responde a objetivos humanitarios o de justicia, sino, por lo que parece, también a una necesidad económica. El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, acaba de proponer, como uno de los remedios para paliar la falta de mano de obra que comienza a sentirse en determinadas regiones españolas, la necesidad de una política coherente de inmigración que permita el ingreso en el mercado laboral de trabajadores inmigrantes en condiciones dignas. Pero es difícil que esa política sea factible sin las garantías legales que propone la reforma de la Ley de Extranjería. Sin esta reforma, tal política corre el riesgo de no ser otra cosa que una mera importación de mano de obra inmigrante mal pagada, que se convierte, por ello, en un factor distorsionador del mercado laboral.