Un juez investiga la denegación de una pensión a un enfermo de sida

El Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la supuesta discriminación sufrida por un enfermo de sida y hepatitis a quien la Generalitat le denegó una pensión no contributiva de 36.000 pesetas al mes. La apertura de este proceso penal se produce a instancias del Juzgado de lo Social número 25 de Barcelona, que dedujo testimonio de los hechos (envío del caso al juzgado de guardia) tras otorgar la pensión de 36.510 pesetas mensuales, más los incrementos legales y revalorizaciones con efectos retroactivos desde el 1 de agosto de 1997. La juez de lo social consideró que el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) puede haber incurrido "en el delito de denegación de una prestación por razón de enfermedad".El caso tiene su origen en la demanda que presentó el enfermo, F. N. B., un vecino de Badalona de 46 años, porque el ICASS le denegó la prestación en junio de 1997 al estimar su discapacidad en un 19% cuando, para la percepción de dicha prestación, se precisa una minusvalía mínima del 65%.

La sentencia dictada por el juzgado de lo social indica que el ICASS empleó unas tablas estatales de baremo de 1984, pero no utilizó los baremos del Inserso, organismo competente fuera de Cataluña, que "ha realizado un esfuerzo integrador desde 1992".