Los editores de textos critican el exceso de controles autonómicos

Las comunidades autónomas "aumentan cada vez más el intervencionismo" sobre los libros de texto, lo que provoca un aumento en los costes, dijo ayer el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), Mauricio Santos. Mientras el ministerio ha suprimido la supervisión previa de los libros, algunas comunidades hacen un control a modo de "censura", añadió Santos.

En la víspera del comienzo del debate para estudiar la gratuidad de los libros de texto en el Congreso, los editores se quejaron ayer, durante la presentación en Madrid de una exposición de libros, del exceso de controles que deben pasar para que puedan distribuirse en las comunidades autónomas con competencias educativas (todas menos Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura), sobre todo en las que tienen lengua propia.Según Mauricio Santos, Cataluña, País Vasco y Canarias son las que imponen más filtros, que han llegado a ser hasta cuatro, "sin que lo requiera el rigor científico o el currículo especial de la comunidad". Los editores destacan que en el País Vasco "el intervencionismo era menor cuando gobernaba el PNV con el PSOE", y denuncian que el Gobierno canario "casi no aprueba textos y se retrasa en los informes, además de cobrar una cantidad importante por dar el visto bueno a los textos: entre uno y dos millones de pesetas". Santos denunció que la Consejería de Educación canaria ha creado una editorial "con la que ha pretendido quedarse con las publicaciones en su territorio".

Hay también sistemas de revisión previa en Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra. Este año se han editado en España 12.474 libros de texto en castellano, 4.482 en catalán, 1.693 en euskera, 1.286 en Gallego y 1.362 en valenciano.

Otra queja de esta asociación es la cantidad de ediciones que deben realizarse porque algunas comunidades exigen "que se incluyan, por ejemplo, toponimias de su región porque se han incluido las de una comunidad vecina". Cuando, por motivos como el mencionado, las editoriales deben realizar, por ejemplo, cinco ediciones, los precios se encarecen un 30% y las diferencias entre los currículos de cada comunidad se multiplican, lo que, según los editores, "es preocupante". ANELE pide la desaparición de los controles previos y que se permita la libre circulación de los libros de texto en España, estén en el idioma que estén. "No tenemos nada en contra de la gratuidad o de que se arbitren fórmulas por la gratuidad", aclaró Santos. "Porque son el Congreso y el Gobierno los que deben tomar una decisión y estamos seguros que no atentará contra la libertad de edición".