Un juez pone límites a la intervención penitenciaria de las cartas de los etarras

El juez de Vigilancia Penitenciaria de León, Juan Pablo González del Pozo, asegura que no se pueden intervenir las comunicaciones de los presos etarras con la excusa de conocer sus "reacciones, estado de ánimo y opinión" respecto a la detención de dirigentes de la banda terrorista. Así, advierte de que los argumentos esgrimidos por la dirección del penal de Topas (Salamanca) para justificar esa medida carecen de fundamento para vulnerar "tan drásticamente" un derecho fundamental. González del Pozo lo indica así en un auto en el que ordena levantar la intervención de las comunicaciones de Fermín Urdiain, del comando Eibar, condenado a 116 años de cárcel por el asesinato de un sargento de la Guardia Civil, y Manuel Idarraga, a 40 por su implicación en la red de extorsión de ETA.

El juez recuerda que para intervenir las conversaciones y cartas de los internos hay que fundamentar tal necesidad y, además, avisarles "por más que tal notificación prive a la medida de parte de su efectividad".

La dirección del mencionado centro dio al juez tres razones para intervenir la comunicación de los dos etarras: que siguen siendo partidarios de "la lucha armada"; que la Administración penitenciaria tiene la obligación de "favorecer la modificación" de tales ideas, "en aras de procurar un acercamiento a otros medios y formas de abordar" el problema del País Vasco, y que ayudaría a "obtener un adecuado y certero conocimiento de las circunstancias (...) en aras de procurar su definitiva solución pacífica".

González del Pozo no las estima convicentes. "El interés político por conocer y hacer acopio de datos (...), sin duda legítimo, no puede encontrar cobertura legal", afirma, "en una medida que se prolongue en el tiempo indefinidamente (...) y cuya utilidad sea más bien relativa". Y añade: "La grandeza, y (...) servidumbre del Estado de derecho exige a veces (...) amparar los derechos constitucionales de quienes (...) pretenden imponer por (...) las armas sus propias convicciones políticas, aunque ello repugne (...) a muchos ciudadanos".