SOS Racismo acusa al PP de "institucionalizar" la intolerancia

Dificultades en el proceso de regularización, asilo y reagrupación familiar; irregularidades en las expulsiones; ineficacia en el sistema de cupos; repatriación de menores en Ceuta y Melilla... El informe anual que SOS Racismo presentó ayer fue muy duro con el Gobierno del Partido Popular, al que acusó de fomentar una "vertiente institucional del racismo" a través de una "espectacular" presión policial sobre los inmigrantes. Este es el cuarto año consecutivo que esta Organización No Gubernamental (ONG) presenta su análisis sobre el racismo en España, basado en 300 casos de discriminaciones por razón del color de piel, cultura, procedencia, creencia y estatus socioeconómico de las personas. SOS Racismo hace especial mención a la política de extranjería, justo cuando una ponencia del Congreso de los Diputados elabora una nueva ley orgánica de derechos y libertades de los inmigrantes en España. Núria Vives, portavoz de esta ONG, se mostró esperanzada en que la nueva ley regularice a los 65.000 inmigrantes que no han conseguido entrar en el último cupo de permisos de residencia y trabajo, tal como indicaba recientemente el diputado de CiU, Carles Campuzano. "Aunque no servirá de nada si luego se vuelve a crear otra bolsa de irregulares", señaló.

En SOS Racismo hay preocupación porque el Grupo Independiente Liberal (G.I.L), partido que lidera el alcalde de Marbella, Jesús Gil, se haga con las alcaldías de Ceuta y Melilla. La portavoz madrileña de SOS Racismo, Virginia Díez, afirmó que uno de los ejes de la campaña de este partido fue "la limpieza de personas de la calle". Esta ONG entendería que si el G.I.L. dirige estos consistorios "se habrá instalado la extrema derecha", lo que se considera "muy peligroso" en zonas clave en el tránsito de los africanos hacia Europa.