La apología del genocidio sí es delito, según los fiscales progresistas

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), la organización minoritaria del gremio, expresó ayer su "oposición radical" a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona sobre el delito de la apología del genocidio. El tribunal adoptó esta decisión en la tramitación del recurso de apelación contra la sentencia que condenó a Pedro Varela, propietario de la librería Europa de Barcelona, a penas que sumaban cinco años de prisión por considerar que ese establecimiento sirvió para propagar de forma masiva tesis revisionistas en diversos países del mundo. En el auto remitido al Tribunal Constitucional para que se pronuncie la Audiencia de Barcelona se explica que la difusión de esas ideas está amparada por la libertad de expresión y que, por tanto, el Código Penal no puede castigar la apología del genocidio en su artículo 607.2.

Los fiscales progresistas entienden que ese delito "trata de proteger la dignidad de todo un colectivo o grupo" y que la libertad de expresión tiene unos límites. Por eso, esta organización entiende que negar el genocidio es legitimarlo y que esa conducta debe combatirse penalmente, porque "trata de convertir colectivamente a las víctimas en culpables".