Balza no cerrará el local de la Ertzaintza en Barakaldo

El Departamento de Interior, que encabeza Javier Balza, no clausurará la oficina de la Ertzaintza en Barakaldo tras la sentencia firme del Tribunal Superior que ha anulado las licencias de actividad y apertura. Esta postura fue apoyada ayer por el equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSE y PNV), mientras que HB e IU pidieron el cierre y el PP solicitó la comparecencia en el Parlamento del consejero. Interior "no tiene, al menos por el momento, intención de paralizar las actividades" de la oficina, cuya apertura causó un gran conflicto vecinal y la denuncia judicial interpuesta por HB, IU y los residentes del edificio en cuyos bajos se instaló el local. La consejería señaló ayer que "no se está planteando" la posibilidad de buscar otro emplazamiento y que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento "para tratar de buscar la forma de subsanar las deficiencias técnicas" que han conducido al tribunal a anular los permisos, informa Efe. A su juicio, los problemas de carencia de huecos de ventilación en el bajo y entreplanta son "subsanables", a pesar de que el informe pericial citado en la sentencia afirma que "es imposible la readaptación del local para que cumpla esa condición". El Gobierno consideró que "puede haber otros informes técnicos", distintos al pericial, que no consideren insuperables las deficiencias del local. El concejal de Industria de Barakaldo, el socialista Jesús María González Suances, defendió que las licencias municipales ahora anuladas son "escrupulosamente legales" y anunció que el Ayuntamiento estudia presentar "un incidente de no ejecución de sentencia por razones de imposibilidad legal de cumplimiento del fallo". Destacó que la sentencia no ha tenido en cuenta ninguno de los argumentos del recurso interpuesto por partidos y vecinos y así el tribunal considera conforme a derecho la ubicación de la oficina policial y no tiene en consideración las denuncias sobre algunos aspectos técnicos y sobre la compra del local. Tanto IU como HB exigieron responsabilidades por los perjuicios causados a los residentes en el edificio. El PP pidió la comparecencia de Balza para que explique la apertura de una comisaría que "no valoró convenientemente" la fuerte oposición vecinal.