Straw autoriza el proceso de extradición de Pinochet al juzgar "graves" los cargos pendientes

ENVIADO ESPECIALEl ministro del Interior (Home Office) del Reino Unido, Jack Straw, hizo pública ayer una nueva autorización, firmada el 14 de abril, para impulsar el proceso de extradición a España del general Augusto Pinochet, detenido en Londres hace hoy seis meses, al considerar como "graves" las acusaciones de tortura y conspiración para torturar a partir del 8 de diciembre de 1988, únicos delitos por los cuales puede ser extraditado, según el fallo definitivo del comité de siete jueces lores adoptado el pasado 24 de marzo.

Straw, al poner a Pinochet en manos de la justicia británica, ha desechado su liberación por razones humanitarias, al tiempo que rechaza que el juez Baltasar Garzón actúe de mala fe o "en abuso" del proceso de extradición. El exdictador pierde así una de las últimas esperanzas de escapar a la justicia, y evitar el juicio de extradición. Margaret Thatcher, ex primera ministra británica y amiga del general chileno, consideró ayer que "la decisión del ministro de autorizar el proceso de extradición de Pinochet es un acto de venganza política".

Straw firmó la noche del miércoles 14 de abril la luz verde al proceso de extradición de Pinochet. Ayer, varios aparatos del Ministerio del Interior enviaron, a partir de las 7.45, hora de Londres, siete folios con 37 puntos que autorizan el proceso de extradición del ex dictador chileno. Sobre las diez de la mañana, Straw recibió un par de minutos a los canales de televisión y se limitó a anunciar su decisión, sin hacer declaraciones.

Straw había autorizado el pasado 9 de diciembre de 1998 el proceso de extradición por los delitos de intento de asesinato y asesinato, tortura y conspiración para torturar, y desaparición de personas y conspiración para hacer desaparecer personas a partir de una resolución de cinco jueces lores (Tribunal Supremo), el 25 de noviembre de 1998.

Pero ésta fue anulada más tarde, en diciembre, por una aparente falta de imparcialidad de uno de los lores. Un nuevo comité de siete miembros resolvió el pasado 24 de marzo, tras repetirse el juicio, por 6 contra 1, que Pinochet no goza de inmunidad para los delitos de tortura y conspiración para torturar a partir del 8 de diciembre de 1988, fecha en que, segun la mayoría de los lores, la tortura se convirtió en un delito de extradición en el Reino Unido. Los seis jueces lores pidieron públicamente al ministro del Interior que, reducido "drásticamente" el caso, "reconsiderase" su posición, sin indicar expresamente en qué dirección.

Straw estima que el Reino Unido "tiene la obligación de extraditar al senador Pinochet en aplicación del Convenio Europeo de Extradición" y subraya que los delitos de tortura y conspiración para torturar a partir del 8 de diciembre de 1988, que han quedado pendientes, según la resolución de los lores, son "graves".

El ministro señala que, contra lo que sostiene la defensa de Pinochet, los jueces lores no han puesto como condición para quitar la inmunidad del ex dictador el que las torturas deban tener un carácter "masivo" y "sistemático". Straw no hace referencia a los casos concretos de tortura, sólo se refiere al delito, y advierte que si ha estudiado, por iniciativa de la fiscalía de la Corona, los nuevos casos aportados por el juez Baltasar Garzón, ha sido por el hecho de que la defensa de Pinochet sostiene que dichos casos adicionales se han presentado con mala fe y en "abuso del proceso de extradición".

El ministro señala, asimismo, que las acusaciones contra Pinochet deben ser examinadas en detalle en el tribunal que lleve adelante el proceso de extradición. "Es apropiado que estos asuntos sean explorados en todo su detalle por el tribunal", dice la resolución.

El ministro ha desechado permitir a Pinochet volver a Chile por razones humanitarias, ya que, según señala, no parece que sea "injusto" o "insoportable" para él enfrentarse a un juicio, aunque recuerda que en caso de que el magistrado encargado de la extradición decida finalmente enviarlo a España, la última palabra la tendrá el ministro del Interior y, en ese momento, puede considerar las razones humanitarias para decidir.