El Tribunal Superior ordena la suspensión cautelar de las obras de la variante de Berriz

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ordenó ayer la suspensión cautelar de las obras de la variante de Berriz, que comenzaron en diciembre, por un posible delito ecológico. El alto tribunal aceptó un recurso presentado por vecinos que denunciaban la destrucción de más de 60 robles y hayas centenarias. Los recurrentes acusan a la Diputación vizcaína de incumplir las condiciones impuestas por la declaración de impacto ambiental, como marcar los árboles afectados y trasplantarlos a otro lugar. Los vecinos acudieron el miércoles, con un notario y cuatro agentes de la Ertzaintza, para paralizar los trabajos de la excavadora, que, según argumentan, el lunes había derribado un roble. "La suspensión provisional es el único mecanismo que puede asegurar la supervivencia de los árboles", asegura el recurso admitido. La Diputación negó ayer "de forma rotunda y categórica" la destrucción de cualquier árbol. "Se está cumpliendo a rajatabla lo señalado por la declaración de impacto ambiental", tras anunciar que sólo faltan para su traslado a otro lugar 80 de los 230 árboles afectados. La variante de Berriz, con un coste de 580 millones, es el proyecto viario actual que más problemas está causando a las autoridades forales. En 1996, el Tribunal Superior paró las obras por la falta del estudio ambiental, lo que causó un retraso de dos años en el inicio de los trabajos. Otros vecinos han pedido con insistencia la ejecución del proyecto debido al gran número de accidentes en el actual vial, más de 500 en los últimos ocho años.