El Poder Judicial prevé para el año 2002 la cobertura de todos los juzgados

Javier Delgado, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), calculó ayer, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, que para el año 2002 estarán cubiertas con jueces profesionales todas las plazas judiciales. De las 3.514 actuales, 1.300, cerca del 30%, las ocupan sustitutos. Delgado presentó la Memoria de 1997 y ofreció datos sobre el funcionamiento judicial y las previsiones.Para paliar la situación, Delgado propuso que, en julio del año 2000, los 228 alumnos de la Escuela Judicial que en ese momento tendrán la oposición superada y un año en dicho centro se incorporen a la jurisdicción, aunque para ello reduzcan de dos años a uno el periodo de enseñanza previsto en la reforma de 1994 de la ley orgánica del Poder Judicial.

El portavoz socialista, Juan Alberto Belloch, que promovió como ministro aquella reforma, consideró "muy negativo" reducir a un año la etapa formativa, con lo que se favorece "el modelo de juez de la derecha, que prima la oposición y reduce la estancia en la escuela". Pablo Castellano, de IU, criticó la resignación del CGPJ ante la falta de profesionales y el exceso de sustitutos, reclutados entre opositores, lo que produce perplejidad entre los ciudadanos "cuando se ven juzgados por quien luego es suspendido en la oposición".

En su exposición, Delgado puso el acento en los datos sobre el retraso de la justicia, en especial la contencioso-administrativa, que acabó 1997 con 316.000 asuntos pendientes y 1998 con 354.000. Por ello Belloch le corrigió y calificó la lentitud de "incrementada". Respecto a los nuevos juzgados, informó de que en dos meses y medio han resuelto 1.851 casos.

Delgado prometió un inminente calendario de compromisos respecto al Libro Blanco de la Justicia y, en respuesta a Andrés Ollero (PP), la informatización total de los juzgados y tribunales para el verano próximo.

El presidente del CGPJ ofreció a Belloch una respuesta salomónica respecto al polémico proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil: no hay "divergencia de modelo, pero sí diferencias de detalle". Y admitió la supremacía del Tribunal Supremo para anular decisiones incluso del CGPJ.