Una federación de mayores rechaza la subida de pensiones de la Junta por "electoralista"

La Federación de Asociaciones de Mayores de Andalucía (Faman) rechazó ayer la subida de las pensiones no contributivas en Andalucía por encima del aumento aplicado por el Gobierno, al entender que se trata de una "medida electoralista" con "la que se intenta ganar un puñado de votos". Eduardo García, presidente de Faman, que cuenta con más de 4.000 afiliados en Andalucía, precisó que no están en contra de la subida de las pensiones sino que consideran que esas decisiones deberían tratarse en el marco del Pacto de Toledo.

García reclamó a los partidos que "no vuelvan a utilizar" al colectivo de pensionistas "como munición electoral" ante las municipales de junio. El presidente de la Faman advirtió que la decisión de la Junta rompe el principio de caja única de la Seguridad Social, argumento esgrimido también por el PP. García cree que "se pone en peligro la estabilidad del sistema de pensiones" y que la Junta no tiene competencias para decidir una revalorización de las pensiones. Además, consideró "incoherente e irresponsable" la iniciativa del Ejecutivo de Manuel Chaves porque al tiempo que sube las pensiones un 1,8% adicional al aumento del Gobierno tiene una "deuda multimillonaria" con la Seguridad Social. El presidente de la Faman recordó a la Junta que todos los ciudadanos que pagan con retraso a la Seguridad Social están obligados a abonar los intereses por demora, mientras la Junta "quiere tener una situación de ventaja" y no pagar esos recargos, añadió. García criticó la política social de la Junta, ya que prima a los pensionistas de rentas bajas y margina a los de rentas medias (con pensiones igualadas o superiores al salario mínimo interprofesional, situado en unas 69.000 pesetas mensuales). A si juicio, los servicios sociales de la Junta sólo están a disposición de las rentas bajas mientras que los pensionistas de rentas medias no pueden acceder a esas prestaciones y sus ingresos "tampoco les permiten recurrir a la iniciativa privada". García pidió que todos los pensionistas puedan acceder a los servicios sociales autonómicos, y comentó que del total de recursos destinados a esas prestaciones sólo llega el 30%, ya que el resto se destina a gastos de administración.