Los acusados no aclaran las incógnitas del "caso de la Delegación" en Navarra

Mariano Berduque, secretario general de la Delegación del Gobierno en Navarra durante 20 años, calificó ayer de "novela de lo imposible" las acusaciones vertidas contra él por María José Rubio, ex habilitada económica del organismo. Rubio le implicó directamente en la estafa multimillonaria a diversos empresarios navarros realizada bajo la excusa de que colaboraban en la lucha anti-ETA. Ambos están acusados en el denominado caso de la Delegación del Gobierno, cuya vista oral vivió su segunda jornada en la Audiencia de Pamplona.

Mariano Berduque fue cesado en su cargo en diciembre de 1994, pocos meses después de que el entonces delegado del Gobierno Pedro Ruiz de Alegría, denunciara ante un juzgado los hechos, que se produjeron fundamentalmente en el periodo en el que fue delegado su antecesor, Jesús García Villoslada. Rubio reconoció que ella cobraba una comisión en una trama de recaudación de dinero procedentes de particulares y destinada a engrosar la cuenta de fondos reservados de la Delegación del Gobierno en Navarra, y dijo que siempre actuó por órdenes de Berduque. Sin embargo, éste negó ayer todas las acusaciones. Berduque está acusado por el fiscal de conocer y permitir la estafa y de apropiarse de diversas cantidades de dinero. Sin embargo, ni las declaraciones de Rubio, quien dijo desconocer todo respecto al destino de los fondos (más de mil millones recaudados, según el cálculo del ministerio fiscal), ni las de Berduque, que negó relación alguna con los hechos asegurando que siempre falsificaron su firma, han permitido avanzar un ápice en el esclarecimiento del asunto central del caso: cuál fue el destino de los al menos 715 millones que se ha podido acreditar fehacientemente como recaudados por una simple funcionaria entre empresarios inmobiliarios de Navarra, que recuperaban sus aportaciones con intereses que oscilaron el 30% y el 50%? Y en segundo término, para qué se usó el dinero conseguido Corruptelas colaterales Las respuestas a estas interrogantes siguen sin conocerse. La investigación sólo ha podido acreditar un extendido panorama de pequeñas corruptelas colaterales en el manejo de los fondos económicos que llegaban desde Madrid a Navarra para cubrir las necesidades de la Delegación del Gobierno tras la marcha de Luis Roldán de la misma (1982-86). Sin embargo, no se ha llegado a aclarar si el episodio de corrupción juzgada ahora fue únicamente un asunto particular de los acusados o si éstos actuaron, como declaró Rubio, como intermediarios de una trama dirigida desde el Ministerio del Interior, lucrándose en ella con la percepción de comisiones. De hecho, ambos acusados han coincidido únicamente en una cosa: los inspectores del servicio de intervención desplazados desde Madrid y que realizaban anualmente una revisión contable de todas las cuentas de la Delegación nunca denunciaron irregularidad alguna, a pesar de las múltiples ilegalidades que fiscalía y la abogacía del Estado han encontrado después en los libros a lo largo de la instrucción del sumario.