La defensa de Pinochet dice que sus delitos no tienen jurisdicción internacional

La abogada del general Augusto Pinochet, Clare Montgomery, explicó ayer al tribunal de los jueces lores que los delitos de tortura y secuestro que el juez Baltasar Garzón imputa al exdictador no pueden ser juzgados más que en Chile o por un tribunal internacional, pues no serían delitos sobre los que tribunales de otro país, como España, puedan aplicar la jurisdicción universal.

"Por más ideal que fuese vivir en un mundo donde haya jurisdicción internacional sobre estos delitos, simplemente este no es el caso", dijo la abogada. Con todo, el presidente del tribunal, lord Browne-Wilkinson vaticinó: "A mi me parece, aunque a lo mejor estoy equivocado, que este caso se resolverá a la vista de las convenciones de tortura y secuestro firmadas por el Reino Unido, Chile y España".Clare Montgomery, un metro sesenta y seis, cabello corto que se cuela por la peluca de crin de caballo, despierta simpatías en un tribunal monopolizado por hombres que practica la típica coquetería formal británica, pero también otro tipo de pasiones más bajas. Cuando su mano derecha se levanta para reafirmar la inmunidad de Pinochet y un anillo de oro destella apretando su dedo meñiique, la elocuencia de esta menuda mujer recuerda al abogado Rolfe, a cargo del actor Maximilian Schell en el film Juicio de Núremberg, quien defendió en 1948 a los jueces alemanes que trabajaron al servicio de Hitler, empezando por su ministro de Justicia, Ernst Janning. Si Rolfe decía que los juristas alemanes en el banquillo hicieron lo que creían mejor para su país, Montgomery sostiene: "Los gobiernos, todos los días, en todos los países, puede cometer delitos, como la tortura; aquellos que, como la policía y el Ejército, lo hacen están protegidos por la inmunidad de actos gubernamentales u oficiales".

El planteamiento de la defensa de Pinochet es extremo, una provocación, para bien o para mal, calculada. Quizá para recobrar algo de moral y convicción, el bufete de abogados Kingley Napley llevó el pasado domingo a la abogada Montgomery al caserón de Surrey, donde reside Pinochet.

Ése fue su primer encuentro en los meses que lleva como uno de sus dos principales defensores, previsto horas antes de su exposición, iniciada el pasado lunes. "No se puede negar la inmunidad a un ex jefe de Estado; eso sería un ataque de consecuencias incalculables a la inmunidad de los jefes de Estado que siguen ejerciendo sus funciones", advirtió ayer al tribunal.Según Montgomery, al elaborarse los convenios contra la tortura y los secuestros de personas "se evitó definirlos como delitos internacionales". La abogada sostiene que esas convenciones son una muestra de que tales "delitos dan lugar a una preocupación internacional". Solo eso, preocupación. "No hay un solo caso en el que la práctica de los países haya dado lugar a que un Estado ejerciese la jurisdicción universal para juzgar, sin el consentimiento del Estado donde se cometieron los delitos, tales hechos. Esta pauta no existe".

Lord Hope, un juez que hace preguntas muy precisas, no pudo reprimir su lógica: "Esa pauta o modelo tendrá que salir de la práctica, pero tendrá que haber un caso para ello". La abogada siguió su discurso: "No se puede ahora desplegar la existencia de delitos internacionales que están por encima de cualquier reclamación de inmunidad".

Lord Browne-Wilkinson, tras varias intervenciones de lord Hutton y lord Millet, que expresaron abiertamente sus discrepancias con la letrada sobre su concepto de inmunidad absoluta, miró a Clare Montgomery y le dijo: "Si la tortura y los secuestros no entran en su definición de delito internacional, ¿qué delitos lo son?". La abogada dijo: "Los crímenes de guerra y el genocidio".

El presidente terminó la sesión a las cuatro en punto (cinco hora española) con un vaticinio: "Este caso se resolverá, aunque puedo estar equivocado, a la vista de las convenciones de la tortura y de secuestros que el Reino Unido, Chile y España han firmado".

El abogado de Amnistía Internacional, Peter Duffy, suspiró: fue él quien exhortó al tribunal a resolver en base a ambas convenciones el asunto de la inmunidad de Augusto Pinochet.